Hablaba de Escocia pero todo el mundo pensaba en Cataluña. Según Mariano Rajoy, la escisión sería «un torpedo a la línea de flotación del espíritu europeo porque Europa se hizo para integrar Estados, no para desintegrarlos». El presidente del Gobierno lanzó ayer un doble mensaje a los territorios continentales que anhelan la independencia; por un lado, recordó que es una «evidencia» que «si una parte de un país se separa, se convierte en un tercero respecto a la Unión Europea», es decir, se queda fuera del club. Y por otro, avisó de que los 28 no le darían «facilidades» para volver a entrar.
Ésa fue la respuesta del líder del Ejecutivo a la pregunta formulada por el portavoz del PNV, Aitor Esteban, durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso. El nacionalista le cuestionó directamente por la postura de España ante una eventual independencia de Escocia y su posible reingreso en la UE. A este respecto, Rajoy fue muy claro y aseguró que, aunque «hay muchas diferencias» entre el caso escocés y el de Cataluña, «todo el mundo en Europa cree que estos procesos son enormemente negativos porque producen más recesión económica y más pobreza para todos». Aunque a juicio del popular es malo «para la región, para el Estado y para toda la UE», el primer perjudicado sería el territorio escindido que saldría del euro y perdería el paraguas del Banco Central Europeo y la libertad de circulación de personas, capitales y mercancías, entre otros efectos.
Así, el presidente dibujó un escenario muy adverso para los territorios que se independicen. Los que lo hagan «dentro de la legalidad», reconoció, podrían pedir de manera legítima el ingreso en la Unión Europea, un proceso que podría durar muchos años y necesitaría «el acuerdo unánime» de todos los Estados miembros. En este sentido, manifestó que ha hablado con representantes de cada país y «entusiasmo por estos procesos, ninguno, porque se entiende que son malos» para todos. Por lo tanto, avisó, «facilidades para quienes se integren en este tipo de procesos, me temo que muy pocas».
También durante la sesión de control, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Margallo, entró de lleno en este asunto y, en la misma línea que Rajoy, recordó las diferencias que existen entre el proceso escocés, que «se ha hecho con estricto respeto de la legalidad británica», y la consulta que se pretende llevar a cabo en Cataluña, que es «ilegal» porque no respeta la Constitución.
A su juicio, el sí a la independencia sería «una catástrofe» para Escocia y «malo para el Reino Unido y para la Unión Europea» por los efectos en la economía y por el riesgo de «balcanización» que sufriría Europa.
sumar y no dividir. Por su parte, la vicepresidenta del Gobierno también se pronunció directamente sobre el desafío soberanista catalán. Soraya Saénz de Santamaría respondió a los reproches del portavoz de CiU, Pere Macías, que acusó al Gabinete de responder únicamente con «amenazas» y con la aplicación de la legalidad, en lugar de ofrecer soluciones como, a su juicio, ha hecho el primer ministro británico, David Camerón en el caso escocés. Según la vallisoletana donde CiU «solo ve legalidad» ella ve «democracia».
Para la número dos del Ejecutivo la obligación de cualquier gobernante es «cumplir la ley y hacerla cumplir», además de «trabajar por no dividir y por sumar esfuerzos». En este sentido, argumentó que la Constitución no recoge el derecho de autodeterminación y que, por tanto, la consulta anunciada para el día 9 de noviembre en Cataluña no puede ser legal. El que quiera cambiar la Carta Magna, insistió, tiene que seguir los cauces establecidos para ello.
Además, Saénz de Santamaría, al igual que Rajoy, se mostró convencida de que el referéndum en Escocia no hubiera tenido lugar nunca si ese país contará con las competencias y la autonomía de las que gozan aquí Cataluña y el País Vasco.