La Junta pone en marcha un registro único, público y gratuito para todas las explotaciones agrarias de la Comunidad, que además permitirá acreditar y comprobar el cumplimiento de los requisitos de la nueva Política Agraria Comunitaria (PAC). La aprobación del decreto supone la obligatoriedad de su inscripción para todos aquellos que quieran recibir ayudas públicas de ámbito autonómico y europeo, ya que deberán demostrar que son agricultores y ganaderos activos con actividad real.

La consejera de Agricultura, Silvia Clemente, explicó que el registro se convierte en el instrumento para discernir a los profesionales del campo de los ‘agricultores de salón’. En concreto para acreditar la condición de agricultor activo es necesario que al menos el 20 por ciento de sus ingresos procedan de las ventas de las producciones obtenidas en su explotación y como máximo el 80 por ciento restante procederá de pagos directos. Asimismo, sólo podrán declarar superficies de pastos, y por lo tanto recibir ayudas directas vinculadas a los mismos, quienes realicen una actividad ganadera real, es decir que tengan ganado y una explotación.

«Estamos orientando esta nueva política agraria hacia el agricultor profesional», afirmó Clemente, quien recordó que tras la aplicación de estos nuevos requisitos ya hubo el pasado año 5.000 solicitudes menos para recibir las ayudas de la PAC, lo que supone una disminución del 5 por ciento. Y la consejera vaticinó que este año también se producirá un descenso que calcula en torno al 3 por ciento (unas 3.000 solicitudes)con la inscripción en el registro y los nuevos controles.

En relación a las superficies de pastos solamente se asignarán derechos a los titulares que dispongan de un código de registro de ganadero activo y además justifiquen una densidad ganadera equivalente al menos una cabeza de ganado vacuno por cada cinco hectáreas. Los solicitantes que quedarán excluidos son casi 1.900 en Castilla y León que percibieron el pasado año 6,2 millones de euros y que «ahora podrán percibir los agricultores y ganaderos que sí acrediten verdadera actividad agraria», advirtió la consejera.

Clemente informó que la primera inscripción será de oficio a cargo de la consejería, por lo que envió en diciembre, a 117.000 titulares de explotaciones integrados en los 35 registros oficiales que había hasta ahora, los datos que figuraban en ellos para ver si había que hacer modificaciones. Los profesionales tan sólo tendrán que verificar si es correcta la información o reclamar su corrección. Hasta la fecha ya se han contabilizado unas 3.000 incidencias.

Este decreto es el primero que desarrolla la Ley Agraria, aprobada en marzo de 2014 en las Cortes con el consenso de los principales partidos políticos, agentes económicos y sociales y organizaciones sectoriales.