El acuerdo que los plenos del Ayuntamiento de la capital y la Diputación respaldaron el pasado mes de septiembre, establece que, antes del 20 de marzo de 2019, la Diputación deberá dar su visto bueno a una propuesta técnica alternativa que se negociará y concretará en una comisión mixta integrada por los grupos políticos de las dos instituciones y un representante de la Federación de Asociaciones de Vecinos.

Esa comisión aún no se ha creado -lo hará a lo largo de enero- pero tiene el reto de sellar un acuerdo, y aunque la disposición de ambas instituciones es negociar, la Diputación ya se ha encargado de dejar claro que es el Ayuntamiento quien tiene una deuda y que desde el Palacio Provincial se luchará por «proteger el patrimonio de la institución», lo que viene a significar que no renunciará a la reclamación de una deuda más unos intereses que, así se ha reconocido, son superiores a los de mercado.

No está claro tampoco qué papel jugará la oposición, que se ha mostrado muy crítica con la política de patada hacia adelante que han seguido ambas administraciones. De hecho, fue el PSOE quien en septiembre forzó al equipo de Gobierno de Alfonso Polanco a poner fecha límite a la cuarta prórroga del convenio y a establecer los pasos necesarios para la solución de este conflicto de intereses.

En principio, el espíritu es de colaboración para el acuerdo, y por ahora nadie duda de que ningún propietario puede esperar cobrar un terreno al precio tasado en 2007 doce años después. No obstante, Ganemos sí ha anunciado su intención de salir de cualquier negociación ya que siempre ha estado en contra de este pacto.

Qué se pactó en 2010

El convenio que el socialista Heliodoro Gallego y el popular Enrique Martín sellaron en 2010 consistía en la cesión de 38.287 metros al Ayuntamiento a condición de que este le devolviera a la Diputación, en el plazo de dos años, 18.113 de esos metros convertidos en suelo urbanizable y con una edificabilidad mejorada para obtener vía recalificación y construcción de 400 viviendas, los 19 millones de euros en los que la Comisión Territorial de Valoración cifró la expropiación. 

Las dudas legales sobre la operación de la Junta de Castilla y León, la crisis económica en el sector del ladrillo y la oposición vecinal se encargaron de hacer imposible su culminación.