El Ayuntamiento descarta ofrecer a la Diputación solares por valor de más de dos millones de euros por el terreno de la calle Jardines que fue necesario para conectar el vial del barrio de Santiago en 2010.

Tres meses. Ese fue el plazo que el Ayuntamiento y la Diputación se dieron para que la ciudad pusiese sobre la mesa una oferta a partir de la que negociar la deuda de 24 millones de euros -19 más intereses- que la administración capitalina mantiene desde el año 2010 con la institución provincial por la cesión de terrenos necesarios para la conexión de la calle Jardines.

El equipo de Gobierno de Alfonso Polanco lleva preparando esa oferta desde octubre, pero no ha sido hasta la semana pasada cuando la ha cerrado y atado jurídicamente con un informe de Secretaría General, según ha podido saber este periódico.

En dicho informe, se recomienda ofrecer a la institución provincial terrenos por valor de la expropiación de la calle Jardines, de forma que las dos instituciones centren sus esfuerzos en alcanzar un acuerdo sobre esa parte en concreto del terreno, y que  la Diputación asuma quedarse con el resto del terreno tal y como está.

Ese informe no habla de una cifra concreta, pero el acuerdo político pasa por no pagar más de dos millones de euros en terrenos. Es lo que, a día de hoy y antes de que comience la negociación, está la ciudad dispuesta a pagar. Una cifra que consideran más que generosa, ya que fue el Ayuntamiento quien corrió con los gastos de urbanización de ese tramo de unos 180 metros, cuando es obligación del propietario.

Dicho de otra forma, la propuesta deja aparcada la operación urbanística para el resto de solares propiedad de la Diputación, aquellos sobre los que se acordó recalificar para la construcción de viviendas, de forma que las arcas del Palacio Provincial obtuvieran esos 19 millones de euros en los que la Comisión Territorial de Valoración valoró los terrenos de la calle Jardines.

A esa cifra hay que sumar al menos otros cinco millones en concepto de intereses de demora, ya que el asunto debió resolverse en 2012, pero su solución se prorrogó en cuatro ocasiones. 

Hoy en día, en el Ayuntamiento nadie se plantea asumir tal gasto, algo en lo que están de acuerdo equipo de Gobierno y oposición, ya que supondría hipotecar la ciudad durante varios años. Una rémora para la corporación que nazca de las urnas el próximo mes de mayo.

Además, fuentes municipales explican que el informe de Secretaría incluye un análisis del acuerdo que en su día firmaron las corporaciones del socialista Heliodoro Gallego y el popular Enrique Martín, que pone en duda que Diputación pueda exigir en 2019 una compensación económica tasada en 2007, con otro Plan General de Ordenación Urbana en vigor. En el peor de los casos, en el número 1 de la plaza Mayor están dispuestos a acudir a los juzgados.