La decisión del titular del Juzgado de Primera Instancia Número 1 de Palencia de no autorizar la venta de la empresa de cafés SEDA Solubles, en concurso de acreedores, ha sido recurrida por la mayoría de los afectados, es decir, trabajadores, bancos acreedores y Junta de Castilla y León, amén de la propia administración concursal.

Y precisamente ha sido la administración concursal la que ha fijado una estimación de precio mínimo para la venta de la citada unidad productiva, así como las consideraciones que el juez debería tener en cuenta para la enajenación, sí lo estima convenitente. En el escrito de recurso para que se autorice la venta presentado en el Juzgado, al que ha tenido acceso Diario Palentino, la administración concursal considera «razonable» un precio de venta, fijado en  32 millones de euros, lo que supone el 80 por ciento del valor del inmovilizado. Asimismo, los actuales gestores concursales entienden que la futura adjudicataria debería comprometerse a mantener un «número mínimo de trabajadores durante los tres próximos años fijado  en el 75% de la actual plantilla» y que dicha adjudicación debería recaer «en un grupo de reconocida solvencia».

Los administradores concursales  aceptan además  la «exoneración al comprador de la subrogación de las obligaciones de SEDA Solubles frente a los trabajadores y la Tesorería General de la Seguridad Social por sucesión de empresa».

No hace falta recordar que todos los afectados, incluida la Junta de Castilla y León, han reconocido que en caso de que no se produzca una venta, la empresa de cafés solubles y derivados acabará «asfixiada» y condenada a «la extinción» de su actividad y de los empleos.

De hecho, la administración concursal recoge en su recurso (en el caso de que se vuelva a denegar, cabría la opción de recurrir en apelación ante la Audiencia Provincial), que ha detectado «un notable retraimiento de clientes y proveedores que, en sí mismo, pone en riesgo la continuidad empresarial».

Además, considera que «no es probable» que la situación financiera de la sociedad permita la continuidad de los negocios de la misma  durante el tiempo en que se podría llegar a perfeccionar un convenio, convenio que, por su estructura, difícilmente podrá alcanzar la sociedad con los acreedores».

62 MILLONES DE ‘DESVÍO’. SEDA Solubles SL,  presentaba a fecha de 30 de noviembre de 2011 un balance negativo de 10.683.880 euros, frente a una pérdida de 1.862.000 euros que acreditó en 2010.

Así se refleja en el informe elaborado por la administración concursal y remitido al Juzgado de Primera Instancia Número 1 de Palencia, tal y como publicó este periódico.

El informe remitido al Juzgado refleja que la cifra de negocio ascendió entre enero y noviembre del pasado año a 41,8 millones de euros (menos de la mitad que el ejercicio anterior), una cantidad que contrasta con los 21,8 millones gastados en aprovisionamientos, los 10,7 millones en personal, los 11,7 millones para otros gastos de explotación, los 2,3 millones de amortización del inmovilizado y los 5,1 millones en gastos financieros. Además, también aparece como una de las causas principales el hecho de que durante 2006 y 2007, aprovechando la situación coyuntural de facilidad de acceso al crédito, «hubo altos niveles de inversiones que se traducen en una situación actual que presupone un alto apalancamiento» o riesgo.

Asimismo, la administración concursal califica como «inversiones funestas» las llevadas a cabo en empresas vinculadas a SEDA Solubles, en la que operan más de 300 trabajadores en sus factorías de Palencia y Villamuriel de Cerrato, así como en las oficinas de Alcobendas (Madrid).

Así, la empresa, según se refleja en el informe, ha venido financiando a lo largo de los últimos años actividades empresariales relacionadas con los accionistas mayoritarios y «ajenas a la operativa del negocio del café en el que se desenvuelve SEDA Solubles».

El importe de saldos a cobrar a estas empresas vinculadas asciende a fecha de 30 de diciembre de 2011 a un importe aproximado de 62 millones de euros y que, según estos indicios,  podría declararse un concurso de acreedores «culpable», lo que conllevaría responsabilidades para los anteriores administradores, tal y como adelantó Diario Palentino el pasado 20 de abril en un amplio despliegue informativo.

Los intereses de la Junta, «seriamente comprometidos»

«Si la denegación acordada por el Juzgado el 18 de abril, a través de un auto, llega a ser firme los intereses de la Junta de Castilla y León y, de manera particular los de la Consejería de Agricultura y Ganadería y el Instituto Agrario de Castilla y León, se verían seriamente comprometidos». Este el principal argumento esgrimido por la Consejería para dar luz verde a sus responsables jurídicos al objeto de que recurran la decisión de denegar la venta de la unidad productiva de la cafetera palentina.  Al respecto, hay que recordar que el Gobierno regional ayudó al relanzamiento de la actividad a comienzos de año, mediante un préstamo hipotecario de 4,5 millones de euros, que tiene fecha de caducidad el próximo 23 de junio, ya que está supeditada a la aportación de otros 4,5 millones por parte de cinco entidades financieras. Estos fondos  han sido comprometidos, con condiciones hipotecarias, por Banca Cívica, Banco Popular, Caja España-Duero, Natixis y Rabobank para alcanzar los 9 millones de euros de circulante necesarios para el relanzamiento de la actividad de SEDA Solubles. Por otro lado, hay que recordar que la Diputación Provincial y los Ayuntamientos de Palencia y Villamuriel han suscrito escritos de apoyo para los trabajadores y la venta de la unidad productiva.

Rabobank, Natixis y BNP alegan que ‘SEDA’ ya admitió la venta

Tres de las entidades financieras que acudieron al auxilio de SEDA y que presentaron el concurso de acreedores, Rabobank, Natixis y BNP-Fortis, han reiterado en su escrito de recurso presentado en el Juzgado que «SEDA ya no representa más que a su socio mayoritario, Alina Corporate, vehículo societario de la familia Serrano» y, además, señalan que la sociedad «ya había consentido la venta en este mismo concurso».

De hecho, argumentan que el pasado 16 de enero el Juzgado dio traslado a todas las partes implicadas en el proceso, entre ellas SEDA, del Contrato de Financiación del G-5 (los bancos que prestaron la financiación postconcursal) «que contiene como condición esencial la venta de la unidad productiva. SEDA no se opuso entonces a dicha financiación, consintiendo, por tantos sus condiciones: la venta de la unidad productiva».

«La oposición de quien se opone a la venta sin ofrecer paralelamente una alternativa de viabilidad es una oposición frívola, y que no debería ser amparada por un juez», añaden los bancos que han presentado el recurso.

INSEGURIDAD JURÍDICA. En otro orden de cosas, las entidades financieras recuerdan al juez que si «está confiando en un hipotético arrendamiento de la empresa a un tercero para que la mantenga en funcionamiento, esta solución no es una alternativa y causaría daños».

Los tres bancos en cuestión también han ratificado en su recurso de reposición ante el Juzgado que han existido 27 entidades interesadas en la adquisición de SEDA Solubles (17 de carácter industrial y 10 de carácter financiero) en un proceso de venta competitivo, público y transparente. Según se desprende del informe elaborado por la firma  Pricewaterhouse Corporate Finance, las 27 entidades firmaron al inicio del proceso concursal las denominadas cartas de confidencialidad para participar en el mismo. «Pues bien, se han recibido ya seis desestimaciones de interesados como consecuencia de la inesperada inseguridad jurídica que está desprendiendo el presente concurso», añaden.