Sin sorpresas. El expresidente de la Generalitat catalana Jordi Pujol dará explicaciones en la Cámara regional sobre el patrimonio oculto -de una herencia de su padre- durante 32 años que confesó tener hace un mes y medio tras pedírselo ayer por unanimidad la Comisión de Asuntos Institucionales del Parlament. La fecha elegida por el antiguo Molt honorable tampoco ha cogido desprevenido a nadie:después de la Diada, concretamente, el próximo 22 de septiembre.
La petición prosperó con los votos afirmativos de los siete grupos con representación parlamentaria: CiU, ERC, PSC, PP, ICV-EUiA, C’s y la CUP, que ya habían anticipado que apoyarían la petición de comparecencia del antiguo líder convergente.
La presidenta del Parlamento catalán, Núria de Gispert, ya le comunicó a Pujol por carta la decisión de la Cámara, y le solicitó que acuda «lo antes posible». Parece que no le ha hecho mucho caso, pues lo hará dentro de 19 días.
También los grupos esgrimieron que el barcelonés debería comparecer de forma inmediata y PP y C’s insistieron en que impulsarán una comisión de investigación al margen de las eventuales explicaciones que pueda dar. ERC, que adoptó una actitud muy suave cuando estalló el escándalo, se unió a esta propuesta, dejando bien a las claras que sus relaciones con CiU no son nada buenas.
Horas más tarde, el hombre que rigió los destinos de Cataluña entre 1980 y 2003 contestó a través de una misiva a su compañera de partido indicando que está dispuesto a comparecer en la Cámara regional, pero pidió poderlo hacer a partir del 22 de septiembre para no influir en la Diada.
«Voltaje político»
Según informó la institución, Pujol argumenta que quiere que su presencia «incida lo menos posible en los hechos de gran voltaje político» que se producirán este mes: la Diada, el Debate de Política General y la nueva Ley de Consultas.
Asimismo, esgrime que, compareciendo a partir del 22, también acudiría con suficiente antelación para no incidir en «otra de fecha de un carga política muy fuerte que será el 9 de noviembre». Además, así testificará una semana después que su hijo Jordi ante el juez Ruz, algo que días atrás había exigido a los convergentes.
En la carta a De Gispert, el expresidente recalca que la comparecencia no es obligatoria, pero que la «alta consideración» que tiene de la institución ha hecho que decida dar la cara. Sin embargo, recuerda que requerimientos parecidos a veces no han sido atendidos, «sin consecuencias», en una alusión velada a la líder del PPC, Alicia Sánchez Camacho, cuyo partido, junto a Ciudadanos, cursó una solicitud para que se cree una comisión de investigación. Otra fue firmada por ERC, CUP e ICV, compañeros de viaje en el desafío independentista de CiU, que se negó a colaborar con formaciones que «hablan desde la bilis y desde el estómago». El PSC tomará una decisión tras escuchar lo que vaya a decir el expresident.
Conviene recordar que los grupos no pueden crear la comisión de forma automática sin pasar por el Pleno porque ya agotaron esta vía en el caso Spanair, y ya no pueden utilizarla hasta el año que viene; así, para que la comisión vea la luz, al menos una de los dos peticiones necesitará el sí de 68 diputados de la Cámara. Ahí los socialistas tienen la sartén por el mango, algo que le puede resultar útil al líder del PSOE, Pedro Sánchez, que hoy será recibido por Mas.
Por otra parte, la exnovia de Jordi Pujol Ferrusola, María Victoría Álvarez, aseguró que, «al menos», Josep Pujol, hijo del expresident, se acogió a la amnistía fiscal del Gobierno, al tiempo que añadió que el benjamín, Oleguer, también lo hizo. Estos dos vástagos apenas habían salido en la trama.
Además, según un rotativo nacional, Jordi Pujol solo declaró el dinero oculto en Andorra -3,1 millones de euros- 10 días después de ser descubierto por ese medio.