La empresa Clece asumirá el servicio de ayuda a domicilio durante los próximos dos años, según se dictaminó ayer en la comisión de Contratación, Patrimonio y Servicios Públicos. A falta de la aprobación definitiva del pleno, la firma se hace con un contrato valorado en casi dos millones de euros -1.960.225,94 euros, para ser exactos- tras imponerse a las otras tres licitadoras: Aralia, Eulen y Valoriza.

De esta forma, Clece mantiene en su poder la prestación de este servicio, gracias a una oferta en la que ha rebajado en un céntimo el coste de cada una de las 30.000 comidas y las 98.000 horas de servicios que desarrollará a lo largo de cada año. El precio de las primeras pasa de 5,56 a 5,55 euros; y el de las segundas, de 17,53 a 17,52 euros.

La adjudicación ha contado con el visto bueno del equipo de Gobierno, Partido Socialista y Ciudadanos, y con el voto en contra de Ganemos, porque «no es partidario de que un servicio tan relevante como este se lleve por parte de empresas cuando podría hacerse mediante una empresa pública que se encargara de su gestión».

«El incremento del presupuesto del servicio de ayuda a domicilio nos parece positivo pero no suficiente (1.960.225,94 euros para 2019 frente al 1.806.000 euros de 2018), seguimos pensando que las necesidades de la población de nuestra ciudad son mayores que esa cantidad y que nuestras personas mayores no pueden estar a expensas de las grandes empresas que se reparten este tipo de contratos», afirma el portavoz de Ganemos, Juan Gascón.

En este sentido, desde la plataforma ciudadana recuerdan, en primer lugar, el conflicto laboral existente en Clece, y defienden que «las condiciones de trabajo de las trabajadoras tienen que mejorar porque se trata de prestar servicio a personas dependientes y prestarlo de la mejor manera posible».

Además, Gascón critica «las dificultades que pone el equipo de Gobierno para que desaparezca la lista de espera en este servicio». «Las personas a las que este servicio no atiende por problemas de tiempo, de causas sobrevenidas, etcétera, tienen que buscarse una empresa privada que les preste este servicio que tendría que ser público y un derecho de la ciudadanía», afirma el portavoz de la plataforma ciudadana en un comunicado.