Los profesionales del campo están en alerta. Las explotaciones agrarias se enfrentan a un nuevo problema: la imposición de lo que consideran un catastrazo abusivo que se está utilizando para recaudar de forma extrema a costa de los agricultores y ganaderos.

De ahí que la mirada de muchos profesionales se haya vuelto a los Ayuntamientos.

Las principales organizaciones agrarias lo tienen claro. Si los Ayuntamientos dan un paso al frente y bonifican el Impuesto de Bienes Inmuebles para reducir la presión fiscal sobre el agricultor y el ganadero, los efectos de este catastrazo se atenuarían.

Hay organizaciones que ya han movido ficha. La Alianza reclama que los Ayuntamientos reduzcan la cuota de liquidación al mínimo previsto por la ley que es del 0,3% del valor catastral de los inmuebles de rústica (granjas, galpones, establos, invernaderos).

Recuerdan que la situación es especialmente delicada para los profesionales de la ganadería que por las granjas, naves, almacenes o instalaciones pagan un IBI sobrevalorado y en ningún caso ajustado a la realidad.

UPA y COAG aseguran que el catastrazo es la aplicación efectiva de un intento del Ministerio de Hacienda «por sanear las cuentas de los Ayuntamientos a través de la revisión y subida de los bienes del Catastro de Urbana y Rústica en toda España en general y, por lo tanto, también en los Consistorios de Castilla y León. El problema radica en que la receptividad municipal parece que es inversamente proporcional a los deseos de las organizaciones agrarias.

Sin ir más lejos, en 2013 la Alianza se dirigió a los Ayuntamientos de la provincia para instarles a que adoptaran medidas en la aplicación de determinados tipos impositivos que afectan a la actividad ganadera. Pretendían ya entonces que los Ayuntamientos bonificaran el Impuesto de Bienes Inmuebles para reducir la presión fiscal sobre el agricultor y el ganadero. La respuesta de los Ayuntamientos fue nula. Apenas media docena contestó a los requerimientos de la Alianza y tuvo en cuenta su recomendación.