Castilla y León registró 74 casos de docentes que solicitaron ayuda por problemas con alumnos y padres en el curso 2017-2018, según el informe ‘El defensor del profesor’, elaborado por el sindicato ANPE. La cifra supone el 3,4 por ciento de todas las contabilizadas en España, que suman 2.179 peticiones. Solo la Comunidad de Madrid acapara ya el 53,6 por ciento de los casos recibidos en todo el territorio nacional, con 1.169. A mucha distancia le siguen Canarias, con 147, y Murcia, con 126. País Vasco y Cantabria son las que menos casos atendieron en el curso pasado.

En España, según el informe, los problemas para dar clase aumentan un uno por ciento en relación con el curso pasado; mientras que reducen, del nueve al diez por ciento, las conductas agresivas de alumnos hacia sus compañeros. Igualmente, las agresiones y amenazas de alumnos a profesores aumentan, aunque con un avance más leve que en cursos anteriores; y las faltas de respeto pasan del 23 al 22 por ciento.

Entre las propuestas de mejora de ANPE se reitera la necesidad de elaboración de un Plan Estratégico de Mejora de la Convivencia Escolar, liderado por el Ministerio de Educación y Formación Profesional que debería contar, entre otros, con diferentes apartados. Entre ellos, la reactivación de los observatorios estatal y autonómicos de Convivencia Escolar, así como la “ineludible obligación” de los equipos directivos, ante el conocimiento de un hecho que pudiera ser constitutivo de delito, de informar al Ministerio Fiscal y a la Dirección Provincial de Educación correspondiente.

Además, solicitó un programa de prevención de acoso escolar que contemple la aceleración de los protocolos de protección a las víctimas y un plan de detección precoz de los problemas de convivencia en los centros educativos. Por otro lado, instó a una actualización y cumplimiento de los decretos de convivencia, así como los planes de convivencia y los reglamentos de los centros; el establecimiento de protocolos de actuación ante agresiones al personal docente de los centros sostenidos con fondos públicos; y un plan específico de formación del profesorado para la prevención y detección de conflictos relacionados con la convivencia escolar.