El pasado mes de mayo, una persona interpuso una denuncia en el Puesto de Nava de la Asunción sobre unos hechos presuntamente relacionados con una estafa a la Solicitud Única de Ayudas de la Política Agraria Comunitaria (PAC). Ante la existencia de indicios de que podría tratarse de una actividad delictiva realizada en varias zonas de la región, el equipo de Patrimonio de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de Segovia se hizo cargo de las investigaciones.
Descubrió entonces una supuesta sociedad civil cuyos representantes y administradores serían los responsables de un engaño en contratos privados sobre la cesión temporal de fincas para la percepción de la subvención de la PAC, según han informado desde la Subdelegación del Gobierno.
En concreto, el contrato incluido en la denuncia establecía la cesión temporal de varias fincas en una localidad andaluza durante un periodo de un año y se acordaba entre las partes un precio de arrendamiento, para así proporcionar documentos falsos que ampararían ante la administración autonómica la posesión de los mismos y completar el cupo de terreno exigido para pedir la ayuda.
El órgano autonómico encargado de fiscalizar estas subvenciones de manera habitual lleva a cabo los correspondientes controles de seguridad en todas las Solicitudes Únicas de Ayudas PAC y pudo comprobar en varias la existencia de una serie de recintos que resultaban alejados del lugar físico de la explotación agraria general detectada, lo que ponía en tela de juicio que formaran parte de la misma al encontrarse en otras comunidades autónomas alejadas de Castilla y León.
Tras mantener, por parte de miembros de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de Segovia, diversas reuniones con personal de la Dirección General de Política Agraria Comunitaria, dependiente de la Consejería de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y León, se llegó a la conclusión de la existencia de varios casos más, perfectamente identificados, los cuales estarían en igualdad de circunstancias fraudulentas con el detectado originariamente.
A raíz del estudio de los expedientes encontrados, los agentes de la Unidad Orgánica de Policía Judicial lograron establecer e identificar plenamente a un grupo debidamente organizado que se dedicaría a la falsificación de la documentación para realizar, por un lado, contratos de cesión de superficies, y por otra parte, arrendamientos y subarrendamientos rústicos de temporada sobre fincas y terrenos --ubicados fuera de Castilla y León-- de propietarios que no conocían tal hecho, además de convenir otros contratos con profesionales agrícolas que aprovecharían dichos documentos para justificar la tenencia y realización de un trabajo que realmente no habría sido ejecutado, y de esta manera solicitar a la Junta de Castilla y León una subvención agrícola de la administración europea (PAC).
Según las investigaciones, la presunta organización criminal contactaría con sus 'clientes' (profesionales agrícolas) de varias formas, a través de anuncios en prensa común, en páginas web especializadas del sector o de anuncios en general, con la oferta de los terrenos que previamente habrían sido localizados en provincias como Córdoba, Badajoz o Toledo, todo ello sin el consentimiento de sus legítimos propietarios.
Una vez finalizadas las primeras investigaciones, el dispositivo se centró en la localización de las personas que habían suscrito las subvenciones a partir de los documentos falsos. Posteriormente, la actividad policial se dedicó a la localización de todos los integrantes de la presunta organización criminal, con la colaboración de la Guardia Civil de Córdoba y Palencia, ya que se trataba de personas que dificultaban su rastro de manera muy profesional, para lo que hubo que poner en práctica diversas técnicas policiales para poder dar con su paradero actual.