Que la comunidad docente denuncie más ante los tribunales de Justicia cualquier atisbo de agresión, vejación o acoso, y que el Gobierno regional dé un espaldarazo definitivo a la Ley de Autoridad del Profesorado, que entre otras cosas reconoce al profesor como autoridad pública en el ámbito penal, son los principales retos que la sección de Enseñanza del sindicato CSI.F tiene por delante para erradicar comportamientos que aún siendo aislados provocan desasosiego y preocupación en el sector.

Y para muestra un botón: El titular del Juzgado de Instrucción Número 5 de Palencia ha condenado al padre de una alumna de un centro escolar de la capital palentina a una multa de 120 euros como autor responsable de una falta de injurias y vejaciones (humillar y maltratar moralmente a alguien) al director del centro educativo. Afiliado al sindicato, este decidió poner en conocimiento de los servicios jurídicos de CSI.F su caso.

La sentencia, a la que ha tenido acceso Diario Palentino y que ya es firme, considera como hechos probados que sobre las 14,10 horas del 4 de octubre de 2013 el denunciado entró en el colegio «muy alterado y enfadado» por el trato que habían dado a su hija y que él consideraba incorrecto. Posteriormente, el denunciado se encaró con el director y empezó a proferir, «a grandes voces y de manera desaforada y agresiva», expresiones como  «os vais a enterar, estoy harto de este puto colegio, …no tienes ni puta idea de hacer vuestro trabajo, iros a cavar…». Estos hechos fueron presenciados por algunos profesores, alumnos y padres.

El juez, en la sentencia, argumenta que dichas declaraciones  resultan «plenamente creíbles» toda vez que , tal y como el propio denunciante reconoció, estaba enfadado.

«Con la Ley de Autoridad del Profesorado en vigor (el anteproyecto de Ley fue aprobado por el Consejo de Gobierno de Castilla y León en junio de 2013) este tipo de hechos hubieran tenido una connotación penal mucho mayor para el infractor, ya que esta ley contempla las agresiones o intimidaciones graves al profesorado como delitos de atentado a la autoridad», reconocía a este periódico el asesor legal de CSI.F Palencia, Carlos Redondo Lacorte.

Pero CSI.F quiere ir más allá. Para Javier Tejerina, presidente de la sección provincial de Educación de CSI.F, «nuestra obligación no sólo debe enfocarse en animar al colectivo docente a denunciar estos hechos cuando se producen. El Gobierno regional, a través de las distintas Direcciones Provinciales de Educación, debe poner todos los instrumentos a su alcance para facilitar el que los profesores puedan dar este paso».

«Son casos aislados pero la crisis económica está propiciando en los últimos tiempos la aparición de episodios de esta índole que tienen como protagonistas a padres y familiares de los alumnos. Los profesores que son  víctimas  interiorizan estos comportamientos por falta de mecanismos que les ayuden a denunciarlos, lo que en ocasiones les provoca cuadros de ansiedad, depresión y falta de autoestima, que se traduce en bajas laborales y eso afecta no sólo a él sino a los compañeros que le rodean y en el ejercicio docente», explica Tejerina.

El máximo responsable del sector provincial de Educación de CSI.F argumenta que es verdad que la Dirección Provincial de Educación proporciona protección a los profesores a través de un teléfono dentro del denominado Protocolo de Asistencia Jurídica, «es decir, que les sueltas tu rollo a través de una máquina y luego te dicen que ya te llamarán. Esto no es efectivo. El profesor que es víctima de estas situaciones necesita que le arropen de una manera humana, profesional y con sentido de la responsabilidad y, hoy por hoy, eso solo lo puedes encontrar a través de una asesoría jurídica personal o a través de un sindicato, si estas afiliado».

De hecho, en el curso 2008-2009 (últimos datos que se conocen), en Castilla y León se registraron 36 incidencias por vía telefónica a través de las distintas Direcciones Provinciales de Educación, de las cuales apenas se tiene conocimiento del resultado final de las mismas, mientras que  29 casos se llevaron con asistencia letrada.

Profesor y autoridad

Como ya se ha comentado, el Consejo de Gobierno aprobó en junio del pasado año el Proyecto de Ley de Autoridad del Profesorado, por el que el colectivo dispondrá de presunción de veracidad en sus informes y declaraciones en caso de versiones contradictorias en un litigio derivado de su función docente. Asimismo, y como consecuencia directa del reconocimiento como autoridad pública, en el supuesto de que el profesorado sea víctima de agresiones o intimidaciones graves derivadas de su tarea docente, estas podrán ser calificadas como delitos de atentado a la autoridad, lo que significa un endurecimiento en las penas de los autores, «es decir, que no se podrá discutir lo que dice el profesor», como recuerda Ángel Barrigón, responsable de Acción Sindical de CSI.F Palencia.

Los objetivos principales de este proyecto de ley son fomentar la consideración y el respeto a los docentes, incrementando su reconocimiento social como elemento fundamental para una adecuada convivencia en las aulas y mejorar la protección jurídica.

Con este reconocimiento, el profesorado de Castilla y León -37.533 docentes, de los cuales 28.347 pertenecen a la red pública (1.782 en Palencia)  y 9.186 a la concertada-privada (608 en Palencia)- dispondrá de la presunción de veracidad iuris tantum -mientras no se demuestre lo contrario- de su palabra frente a la de cualquier ciudadano en caso de versiones contradictorias en un litigio por agresión en el ejercicio de su actividad docente.

Además, los delitos cometidos contra el colectivo, una vez reconocida la condición de autoridad, podrán ser perseguidos de oficio por la Fiscalía, lo que eximirá al profesor agredido de ser agente principal de la denuncia facilitando el desarrollo de posibles procesos judiciales. Significan también, que se reconoce explícitamente la cobertura de responsabilidad civil en relación con los hechos que se deriven de sus tareas dentro o fuera del recinto escolar.

Una consecuencia directa del reconocimiento de autoridad pública, en el ámbito penal, es que las agresiones o intimidaciones graves al profesorado deben ser calificadas como delitos de atentado a la autoridad (art. 550 del Código Penal), castigados con penas de 2 a 4 años de prisión y multas de 3 a 6 meses.

OTRAS HERRAMIENTAS. Por otro lado, desde 2006, el Programa de Asistencia Jurídica para el Profesorado presta asesoramiento y asistencia al colectivo que pueda encontrarse en situaciones en las que su autoridad como profesor y sus derechos como docente hayan sido vulnerados. Durante el periodo 2006 a 2013, más de 700 profesores de la región han sido atendidos por el programa, incluyendo asistencia legal prestada a determinados alumnos víctimas de situaciones de violencia escolar entre iguales y que también están incluidos en las coberturas del programa.

El Plan de Convivencia Escolar de Castilla y León incluye, además, otras innovadoras aportaciones como la figura del coordinador de convivencia de centro –existente en todos los centros públicos de Castilla y León y en la práctica totalidad de los centros privados concertados-, como persona especialmente encargada de impulsar el plan de convivencia y el buen clima en las aulas, así como la creación, mediante un intenso programa formativo, del alumnado ayudante y mediador en caso de conflictos.

El Observatorio para la Convivencia Escolar de Castilla y León

El Observatorio para la Convivencia Escolar, creado como órgano colegiado de carácter consultivo y de apoyo a toda la comunidad educativa de los centros docentes de Castilla y León, se constituye como un importante medio para conocer con precisión la situación de la convivencia escolar de los centros, aunque, en realidad, no mide la conflictividad surgida del entorno del alumno (padres y familiares principalmente) hacia el profesor.  

En cualquier caso, el objetivo principal de este organismo es poner a disposición de los distintos sectores en él representados información recogida de forma sistemática y, al tiempo que se evitan alarmas sociales innecesarias, dar traslado de sus estudios y conclusiones a las distintas Administraciones y a todos los que, de una forma u otra, intervienen en la educación sobre las medidas que convenga tomar en aras de una constante mejora del clima escolar.

Los últimos datos conocidos del Observatorio corresponden al curso 2011-2012 y en lo que a la provincia de Palencia se refiere indican que 50 centros educativos reseñaron incidencias de convivencia (54,35%). Además, 592 alumnos se vieron implicados en las incidencias (2,59%), mientras que 22 (1,84%) se produjeron en relaciones directas con el profesorado y 143 (11,97%) entre el alumnado. No se produjeron casos de acoso entre iguales o al menos no fueron comprobados o certificados, aunque se constataron cinco posibles casos. Por lo demás, 53 alumnos (0,25%) fueron expedientados y 76 centros escolares (82,61%) no abrieron ningún expediente. Por último, se llevaron a cabo 109 actuaciones de corrección con procesados de acuerdo reeducativo y de mediación (13,20%).

Veteranos y ‘primerizos’

Javier Tejerina destacó ayer que la radiografía de las agresiones, insultos o vejaciones que sufren los profesores incide más en los más veteranos y en los primerizos o primerizas, «aunque cualquiera puede estar en la diana». «Reiteramos que hasta el momento son casos aislados, pero van en aumento debido probablemente al aumento de la conflictividad familiar y laboral derivada de a la crisis económica que padecemos. En el ámbito educativo esta situación de crisis ha conllevado un aumento de los ratios de los alumnos y un incremento de horas del profesor para completar con las denominadas horas afines», reiteró el dirigente sindical en el sector de la Enseñanza del sindicato CSI.F.