Se acaba la fiebre del 'destape' de las cuentas de los políticos

Pablo Álvarez / Valladolid
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Después de desaparecer las declaraciones de bienes volcadas hace dos años, ahora las instituciones y los partidos apuran el plazo para poner en servicio sus portales de transparencia que tienen que estar operativos el 10 de diciembre

¿Dónde ha quedado el ‘destape’ de los sueldos de los políticos y la fiebre de la transparencia? Hay que remontarse a comienzos del año 2013. El ‘caso Bárcenas’ se encontraba en plena efervescencia con la aparición de cuentas del ex tesorero del Partido Popular en Suiza y los papeles que hablaban de sobresueldos en ‘b’. La sombra de duda sobre la limpieza se extendía hacia toda la clase política. La presión del resto de partidos y en general de toda la sociedad llevó a numerosos dirigentes ‘populares’ a mover ficha para tratar de frenar ese desafecto. En ese entorno, Juan Vicente Herrera a la cabeza, y detrás el resto de su equipo de la Junta de Castilla y León decidió hacer público su patriminio y los ingresos que percibía. Llegó el momento del striptease.
El desnudo de las cuentas pronto se extendió del Ejecutivo regional al legislativo. Allí, ‘voluntariamente’ los procuradores pidieron que también se publicasen sus declaraciones de bienes para demostrar que eran tan transparentes o más. Una cascada de exhibicionismo de cuentas que se extendió a las páginas de internet de los partidos para tratar de evitar dudas. 
Tras los primeros cuchicheos de si el presidente tenía un patrimonio que superaba el millón de euros o si el líder de la oposición -entonces, Óscar López- tenía unas hipotecas de 600.000 euros, y que tal procurador apenas tenía mil euros en la cuenta del banco..., unos documentos que apenas dieron para comentar en las las barras de los bares, pero el gesto ahí quedó en pro de la transparencia. 
Lo primero que hizo Luis Tudanca cuando asumió la Secretaría General del PSOE fue crear el portal de Transparencia con todas las declaraciones de bienes de los miembros de su Ejecutiva y de los procuradores. Pero un año después y con más de la mitad de su grupo parlamentario nuevo, los documentos son los mismos que  los que presentó en noviembre de 2014. Sólo se actualizó el apartado del secretario general cuando dejó el Congreso de los Diputados y comenzó a percibir sueldo del partido.
En el portal de las Cortes de Castilla y León, con el arranque de la nueva legislatura desaparecieron las declaraciones de bienes de los procuradores que sí que estuvieron durante el pasado mandato. Ya han pasado seis meses desde la toma de posesión y aunque todos ellos la entregaron en el registro para poder coger el acta de parlamentario autonómico, los ciudadanos no las pueden consultar. 
La única referencia a sueldos y dietas que hay por el momento es el acuerdo relativo a las retribuciones de los procuradores liberados (miembros de la Mesa y equipos directivos de los distintos grupos políticos), sin referencia a nombres. Fuentes oficiales de la Cámara autonómica explicaron a este periódico que la web se encuentra en pleno proceso de renovación para facilitar toda la información a la que obliga la Ley de Transparencia para que esté lista antes del 10 de diciembre. 
Lo mismo ocurre en la Junta de Castilla y León para cumplir las exigencias tanto de la Ley de Transparencia estatal como la autonómica, más dura. La entrada en vigor de ambas supondrá introducir cambios en la forma de presentación de la información en el Portal de Gobierno Abierto, con cambios en la organización y la forma de consulta así como un detalle más preciso de lo relativo a los gastos de la administración y su fiscalización.
Por otro lado, además de seguir publicando toda la información ya hoy disponible en el Portal de Gobierno Abierto en materia de contratos de la Administración (importes de licitación y adjudicación, procedimiento utilizado, número de licitadores, identidad del adjudicatario, etc.), se dará también publicidad a los contratos menores, para que cualquier ciudadano pueda hacer un seguimiento preciso de cualquier proceso de contratación.
Aunque la Ley estatal de Transparencia está en vigor desde 2013, la normativa dejaba un plazo de dos años para que las administraciones locales y autonómicas se pudieran adaptar. 
En el caso de los ayuntamientos y diputaciones, también apuran al máximo el plazo que permite la ley para volcar toda la información, que coincidirá con la campaña electoral, aunque algunos ya han comenzado a volcar poco a poco los datos para evitar problemas.