El Ministerio Fiscal solicitó ayer definitivamente una pena de tres años y medio de prisión para el dueño de una explotación agropecuaria de Villalcázar de Sirga, A.C.G., como presunto responsable de un delito de homicidio por imprudencia y de otro delito de lesiones por imprudencia después de que un operario que trabajaba en la explotación muriera en abril de 2010 intoxicado por monóxido de carbono y de que otro trabajador resultara grave ocho días después como consecuencia de otra intoxicación, al no controlar y reparar, pese a conocer el peligro, las instalaciones de gas butano del alojamiento de los operarios.

El acusado, que compareció ayer en el Juzgado de lo Penal de Palencia para ser juzgado para responder por estos hechos, no asumió la responsabilidad a tenor de su testimonio ante la Sala. Reiteró que de haber conocido cualquier incidencia en sus instalaciones y propiedades, las hubiera subsanado para evitar circunstancias graves como las que ocurrieron, según informaron a este periódico fuentes judiciales.

Para el juicio, que quedó visto para sentencia, estaban citados dos agentes de la Guardia Civil, un hermano del fallecido, el operario que resultó grave, el encargado de la explotación y dos testigos más. Además, estaban citados a la vista como peritos una médico forense, el jefe de la Sección de Edificios No industriales y Metrología de la Junta, Pedro Daniel García Grajal, y el jefe del Servicio de Industria de la Delegación Territorial de la Junta, Marcelo de Manuel Mortera.

Según describe el fiscal en el escrito de acusación, el acusado era «consciente y conocedor» de la situación en la que se encontraba la vivienda y sus instalaciones y alojaba en la misma a los trabajadores que contrataba para la explotación agrícola,  pese a conocer el peligro que los aparatos de gas butano conllevan si no están dotados de la adecuada instalación y de las necesarias medidas de seguridad.

Así las cosas, el acusado alojó a un joven trabajador, de 23 años y nacionalidad marroquí, A.N., quien utilizó para dormir una de las habitaciones de la planta superior de la vivienda y en la que apareció muerto el 8 de abril de 2010. Falleció como consecuencia de la inhalación de monóxido de carbono en altas  dosis procedentes del calentador.

Pese a este suceso, el acusado mantuvo, según el fiscal, dicha vivienda como lugar de alojamiento de los trabajadores y, así, en el mismo estado en el que se encontraba, alojó a otro trabajador, también de nacionalidad marroquí e identificado como L.S., quien sobre las 13,00 horas del 16 de abril (ocho días después del fallecimiento) fue encontrado en la habitación de la planta baja de la vivienda tumbado en la cama e inconsciente, como consecuencia del monóxido de carbono inhalado y producido por la mala combustión del calentador.

AL HOSPITAL. L.S. fue trasladado hasta el Hospital Río Carrión donde ingresó en la Unidad de Cuidados Intensivos y donde permaneció durante seis días.

El fiscal describe en su escrito de calificación las condiciones que presentaba en el momento de los hechos la explotación agropecuaria.