El titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Palencia ha dictado un auto por el que estableció una multa de 1.500 euros a cada uno de los nueve miembros de la Corporación Municipal de Barruelo de Santullán, incluido el alcalde, Alejandro Lamalfa (PP), y cada mes hasta que se ejecute una resolución judicial, que estableció la demolición de una edificación al resultar la licencia nula de pleno derecho tras un contencioso presentado por una vecina de la localidad.
Asimismo, el magistrado ha solicitado a los Juzgados de Instrucción de Cervera de Pisuerga que se «libre testimonio» a cada uno de los integrantes de la Corporación barruelana por un posible delito de desobediencia reiterada al no dar cumplimiento a la ejecutoria de dicha sentencia, así como «un eventual» delito de falsedad documental perpetrado por la Alcaldía por «engaño», al indicar que la «sentencia había sido ejecutada», según la resolución a la que ha tenido acceso Diario Palentino.
La sentencia en cuestión fue dictada el 13 de abril de 2012 por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Palencia, sentencia que ya es firme, por la que se condenaba al Ayuntamiento de Barruelo de Santullán a proceder a la demolición en un plazo de tres meses por el promotor o subsidiariamente por el propio Ayuntamiento, de una construcción levantada en el Barrio Santiago, ubicada en el número 18 de la calle Vallejo, con la reposición de la vía a su anterior estado y sin invasión del dominio público municipal, porque no era compatible con el planeamiento urbanístico.
En el auto dictado por el magistrado se explica que el pasado 6 de noviembre, el Ayuntamiento de Barruelo de Santullán adujo que «el órgano encargado de dicha ejecución es el Pleno Corporativo» y exponía que la sentencia ya había sido ejecutada, «según consta en informe emitido por el técnico municipal de Urbanismo».
ARGUMENTOS. En sus razonamientos, el magistrado Victoriano Lucio Revilla reitera que «tarde y mal se manifiesta desde el Ayuntamiento de Barruelo de Santullán que la sentencia ya ha sido ejecutada». «El reportaje fotográfico adjuntado por la parte ejecutante evidencia que no es verdad lo aseverado por la Alcaldía», mantiene el magistrado, que añade que en un informe supuestamente emitido por el asesor técnico municipal de Urbanismo del Ayuntamiento sólo se dice que «según la licencia de obra mayor concedida (solicitada en este caso el 31 de octubre de 2013), la obra se ha ejecutado siguiendo las prescripciones que se marcaban en dicha licencia, pero no dice en ningún momento que se haya dado cumplimiento a la sentencia, sino que se ha ejecutado otra obra».
De hecho, sostiene que la «ejecución de la obra mayor» concedida por licencia, «no parece tener que ver» con los tres meses de plazo otorgados al propietario de la edificación para acometer la demolición de la construcción. «Ello supone, sin más, una burla a la obligación de la Corporación Municipal de colaborar en llevar a cabo la ejecución de lo juzgado», indica el magistrado.
Lucio Revilla refleja en su auto «la reiterada desobediencia del Pleno Corporativo para llevar a su puro y debido efecto el cumplimiento de la presente ejecutoria y, después, la más que posible falsedad en documento público perpetrada por la Alcaldía en su carta de 5 de noviembre de 2014 al haber sido aportada en la fase de ejecución con el fin de eludir la obligación impuesta al Consistorio.
OTRAS MULTAS.
Palencia. El Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Palencia impuso en mayo de 2010 multas de 1.500 euros al entonces alcalde, Heliodoro Gallego, a seis concejales del PSOE, a las portavoces del PP y de IU y al secretario municipal, por el incumplimiento de la sentencia que obligaba al Consistorio a construir viviendas protegidas para compensar la venta de dos parcelas municipales del Sector 8 en las que se construyeron pisos libres. El juez recordaba en aquella ocasión que el alcalde y los seis concejales socialistas ya habían sido multados a través de otro auto de 12 de abril de 2010 con otros 1.500 euros, que han tenido que pagar de su bolsillo. Ahora el nuevo auto incluía también a las portavoces del PP, Celinda Sánchez, y de IU, Rocío Blanco, por su «pasividad» en el cumplimiento de la sentencia.
Aguilar de Campoo. El Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Palencia dictó el pasado mes de noviembre una resolución por la que decidía multar con 1.502 euros cada quince días a la alcaldesa de Aguilar de Campoo, María José Ortega (PP), por incumplimiento de una sentencia que obligaba al Ayuntamiento de la localidad aguilarense a pavimentar un camino. La responsable municipal debería pagar esta cantidad cada 15 días hasta que terminaran las obras.