El Ayuntamiento de Barruelo de Santullán ha cumplido ya la conocida sentencia judicial del Tribunal de lo Contencioso-Administrativo de Palencia que establecía el derribo completo de un inmueble en la calle Vallejo del Barrio Santiago de la localidad. Medida tomada tras el auto de Victoriano Lucio Revilla, notificado el 13 de noviembre, tras solicitar el pasado mes de octubre la denunciante que se ejecutase la sentencia.
El magistrado establece que el Juzgado de Instrucción de Cervera de Pisuerga investigue y depure la «posible comisión de un delito de prevaricación por omisión o de desobediencia judicial», y añade que «vista la contumacia mostrada por el Consistorio, incoése pieza separada, para previa la concesión de trámite de alegaciones, la imposición de las multas coercitivas que correspondan».
No sería la primera vez que los ediles podrían ser sancionados pues hay que recordar que el pasado año ya se estableció el pago de 1.500 euros mensuales a todos los concejales barruelanos por no ejecutar la sentencia.
En los fundamentos de derecho expone el titular de lo Contencioso-Administrativo de la capital que «una vez más el Consistorio trata de entorpecer la ejecución de una sentencia firme», y ello según parece para que el propietario del inmueble, «mantenga un garaje donde antes no existía, con lo fácil que es dejar el terreno en las mismas circunstancias que se encontraba antes de la edificación». Asegura que «eso no es a lo que se comprometió la nueva Alcaldía» y añade que «la burla, aparte de tosca y burda resulta intolerable a estas alturas».
El abril de 2012 el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Palencia dictaba una sentencia en la que se condenaba al Ayuntamiento norteño a proceder a la demolición en un plazo de tres meses por el promotor o subsidiariamente por el propio Ayuntamiento, de una construcción levantada en el Barrio Santiago, ubicada en el número 18 de la calle Vallejo, con la reposición de la vía a su anterior estado y sin invasión del dominio público municipal, porque no era compatible con el planeamiento urbanístico.
sanción de 1.500 euros mensuales. En diciembre del pasado año, el mismo juez dictó un auto por el que establecía la citada multa de 1.500 euros a cada uno de los ediles de la Corporación, cada mes hasta que se ejecutase la resolución judicial y que se librase testimonio en los Juzgados de Instrucción de Cervera a todos ellos por un posible delito de desobediencia reiterada al no dar cumplimiento a la ejecutoria de dicha sentencia, así como «un eventual» delito de falsedad documental perpetrado por la Alcaldía por «engaño», al indicar que la «sentencia había sido ejecutada».
A principios de enero de este ejercicio, se celebró un pleno para explicar la sentencia, tras ello los grupos de la oposición pidieron la dimisión del regidor, Alejandro Lamalfa, que a finales de marzo la hacía efectiva.
En junio se eximió del pago a todos los ediles salvo al entonces alcalde. Un mes después la nueva Corporación Municipal inicia el derribo, que queda en suspensión al solicitar el propietario unas medidas cautelares provisionales y urgentes.
Finalmente se establece que no había lugar para la medida cautelar de paralización de la demolición del edificio de la calle Vallejo del Barrio Santiago y en octubre la denunciante pide la ejecución de la sentencia que finalmente se ha cumplido.