La petición final del Ministerio Fiscal fue una pena de dos años y medio de prisión para J.V.O., administrador único de la sociedad Formak SLU, como presunto responsable de un delito de estafa después de que recibiera ayudas procedentes del Instituto Nacional de Empleo para impartir cursos de formación de trabajadores de una entidad empresarial que supuestamente nunca hizo.

En concepto de responsabilidad civil, el Ministerio Público solicitó para el acusado una indemnización al Servicio Público de Empleo Estatal en la cantidad de 85.006 euros antes de que el juicio celebrado ayer en la Audiencia Provincial de Palencia quedara visto para sentencia.

El fiscal considera que el acusado J.V.O., en su calidad de administrador único de la sociedad Formak SLU, ubicada en Palencia, se puso en contacto en el año 2002 con R.G.F.,  administrador único de una entidad empresarial de la provincia, para ofrecerle a este último impartir unos cursos de formación para sus trabajadores, ya que para dichos cursos existía una subvención pública que gestionaba la Fundación Tripartita en nombre del Instituto Nacional de Empleo (INEM).

La Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo tiene como objetivo, según explica en su página web, el impulso de la formación entre empresarios y trabajadores para responder a las necesidades del mercado de trabajo y contribuir al desarrollo de una economía basada en el conocimiento.

Una vez que ambos interlocutores llegaron a un acuerdo para impartir tales cursos el procesado, «sin conocimiento ni consentimiento» de R.G.F., tramitó supuestamente  el correspondiente expediente administrativo ante la autoridad laboral para la obtención de la ayuda para impartir cursos a un total de 20 operarios, «cuando en realidad la mercantil sólo contaba con dos trabajadores».

El Ministerio Público sostiene en su escrito de acusación definitivo que el importe de la subvención «fue a parar a la cuenta corriente de la entidad, Formak, propiedad del acusado sin que nunca se impartieran los mencionados cursos».

Por ello, al detectarse esta supuesta irregularidad, la Agencia Tributaria de Palencia reclamó a la entidad empresarial que administraba R.G.F.  el reintegro de 45.509,33 euros por una subvención indebidamente percibida. Además, la Agencia Tributaria inició en agosto de 2009, por vía de apremio, el cobro de tales cantidades, en concreto 43.110,60 euros de principal más 11.500 euros por intereses y un año más tarde otros 31.195,12 euros.

Durante la vista oral, el procesado negó los hechos al indicar que la empresa contratada estaba enterada de todo el procedimiento de subvenciones y que todo fue legal, aunque finalmente no pudo justificarlo legalmente porque, en su opinión, el sistema de cursos se conformaba supuestamente en bloques de empresas y trabajadores y no de forma individualizada.

La acusación particular en nombre de la empresa que supuestamente iba a  recibir los cursos de formación y cuyos intereses legales fueron defendidos por el abogado palentino Luis Antonio Calvo Alonso, solicitó para el procesado finalmente una pena de cuatro años y tres meses de prisión, multa de 3.000 euros y una indemnización de 85.006,32 euros. Asimismo, la Abogacía del Estado, también personado en la causa, pidió en su escrito de acusación definitivo una pena de tres años de prisión para el acusado.