El método que el Catastro utiliza para actualizar su base de datos e iniciar el proceso de regularización de bienes inmuebles no es infalible. De hecho utiliza imágenes obtenidas por satélite o drones que a veces consideran una pérgola como una construcción no declarada, o una piscina hinchable como una excavada en un solar.
Cuando se toma una construcción por irregular y no lo es, los propietarios presentan quejas, que en el caso de la provincia han sumado un total de 238, según el último dato ofrecido por el Ministerio de Hacienda el pasado mes de diciembre. Estos supone el 1,46% en proporción a los bienes regularizados.
Además, se da la circunstancia de que Palencia está por encima de la media regional en cuanto a volumen de quejas, que supusieron el 1,73 por ciento en Salamanca (645); el 1,68 por ciento en Soria (275); el 1,65 por ciento en Ávila (512) y Segovia (288); el 1,24 por ciento en León (719); el 1,23 por ciento en Zamora (514); el 1,17 por ciento en Burgos (351); y el 0,96 por ciento en Valladolid (220).
En resumidas cuentas, el procedimiento ha generado casi 4.000 reclamaciones de ciudadanos de la Comunidad, en desacuerdos con el resultado de la inspección. En concreto y según los datos aportados por el Ministerio de Hacienda a Ical, del total de procedimientos de regularización iniciados en Castilla y León, en un 1,4 por ciento los titulares recurrieron las descripciones catastrales de sus inmuebles, lo que supone 3.762 reclamaciones.
En todo caso, cuando la vía administrativa fracasa, existe la posibilidad también de acudir a los tribunales, a la vía del contencioso a través de un procedimiento judicial.
Con quejas o sin ellas, lo que sí es cierto es que el proceso de regularización impulsado por el Ministerio de Hacienda en 2013 reportará grandes beneficios a las arcas gubernamentales, ya que cada bien destapado hasta la fecha, supone una tasa de regularización de 60 euros, lo que representa ingresos de 997.260 euros en la provincia, a los que hay que sumar luego los incrementos de recaudación tributaria.
De hecho, la aplicación de la multa de regularización ha permitido recaudar 3,48 millones de euros en León; 2,2 millones de euros en Zamora y Salamanca; 1,8 millones de euros en Ávila y Burgos; 1,3 millones en Valladolid; más de un millón en Segovia, y cerca del millón de euros en Palencia y Soria. En total, el proceso representa ingresos por encima de los 16 millones en la Comunidad para las arcas públicas, siempre según los datos ofrecido por el Ministerio de Hacienda.
35 municipios llevan más de 20 años sin actualizar los valores catastrales
Los ayuntamientos disponen de un procedimiento mediante el que actualizar los valores catastrales de todos los bienes inmuebles urbanos y de los bienes inmuebles rústicos con construcciones de un municipio, con la finalidad de adecuarlos a los valores de mercado y concordar sus características físicas y jurídicas con la realidad.
Pues bien, un total de 35 municipios de la provincia hace 20 años o más que no actualizan los valores catastrales. De ellos, 29 no lo hacen desde 1990, en su gran mayoría localidades de tamaño pequeño que, en teoría, no han sufrido grandes cambios; pero otros, como Aguilar de Campoo, la capital, Baltanás, Dueñas, Barruelo de Santullán y Villamuriel de Cerrato no lo hacen desde 1996. Y es que implica subidas del Impuesto de Bienes Inmuebles de peso y, casi siempre, un coste electoral.