El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco envió ayer a prisión al exsecretario general del PP de Madrid Francisco Granados y al constructor David Marjaliza por formar parte de una «organización criminal» desarticulada con la Operación Púnica. En el auto se atribuye al antiguo alcalde de Valdemoro los delitos contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales, integración en organización criminal, tráfico de influencias, cohecho, malversación de fondos, prevaricación y fraude. A Marjaliza le imputa todos estos delitos más los de utilización de información confidencial y falsificación documental.

La resolución judicial detalla que el exnúmero dos de Esperanza Aguirre es «titular de algunas de las cuentas de las que las autoridades suizas han informado que existe sospecha de blanqueo de capitales agravado».

De igual modo, el togado ve indicios de que «a lo largo de su carrera pública», habría beneficiado a Marjaliza y a otros empresarios «en materia de contratación pública y urbanismo».

La investigación, además, ha identificado diversas operaciones inmobiliarias que se sospecha que podrían haberse presentado como «contraprestación» de los empresarios beneficiados a cambio de las labores que habría desarrollado el exdirigente popular.

Granados, que declaró durante dos horas y 20 minutos, negó el cobro de comisiones ilegales a cambio de haber mediado en la adjudicación de contratos públicos, al tiempo que aseguró que la cuenta de Suiza que se le atribuye es, en realidad, de Marjaliza -del que se limitó a decir que tan solo era «un viejo amigo»-, quien se acogió a la amnistía fiscal y que no quiso testificar, pidiendo horas antes la libertad al considerar ilegal la prórroga de su arresto.

En relación con este empresario, Velasco señala que es «el centro de una amplia red de tráfico de influencias que ha patrimonalizado la actividad pública de contratación y de urbanismo con la colaboración de funcionarios y autoridades públicas».

ocultación. El juez también señala que el constructor creó «un complejo entramado para ocultar los beneficios de su actividad, tanto la lícita como la delictiva», al objeto de «evitar el control de las autoridades» y dificultar que los beneficios se identificaran con «las adjudicaciones públicas continuadas que recibe en aquellas administraciones donde actúa en concertación con autoridades públicas y funcionarios corruptos».

Además, Velasco dejó en libertad con comparecencias mensuales al guardia civil José Manuel Rodríguez Talamino, «responsable de la filtración» que hizo a Granados sobre la instalación de un vídeo de vigilancia en las inmediaciones de la empresa de Marjaliza. Este chivatazo puso «en grave riesgo la investigación» y dificultó «severamente» la marcha de la misma, según el auto.

El magistrado tampoco mandó a la cárcel a los empresarios Víctor Manuel Ortega y José Manuel Casado, que tendrán un plazo de 10 días para prestar sendas fianzas de 6.000 euros. Según el auto, ambos mediaron en varios pagos de 70.000 euros para lograr la adjudicación a Cofely de un contrato de eficiencia energética por parte del Ayuntamiento de Collado Villalba, por valor de 39,4 millones de euros.

Para la materialización de estos cohechos se habría preparado «un sistema de facturas falsas» entre las firmas de Marjaliza y Cofely por «servicios no prestados» en el marco del contrato investigado.

Por otra parte, los tres directivos de Cofely imputados por posibles sobornos, depositaron las fianzas impuestas por Velasco.