Los remolacheros castellanos y leoneses viven con incertidumbre el comienzo del nuevo año. AB Azucarera, filial de British Sugar, confirmó el pasado 4 de diciembre los rumores que ya existían en el sector y propuso reducir el precio a 26 euros por tonelada, unos seis euros menos de lo que reciben en la actualidad, al que se añadirán las ayudas comunitarias regionales aplicables y un complemento vinculado al precio del azúcar que se negociará con las organizaciones agrarias. Un «cambio de modelo», según la empresa, que se aplicará en la campaña 2019-2020 y que obliga a los profesionales del campo de la Comunidad a tomar una difícil decisión: continuar sembrando remolacha con una menor rentabilidad u optar por otros productos.
Las opas temen un abandono generalizado del cultivo, lo que supondrá a su vez la pérdida de empleo y riqueza en muchas zonas rurales. Además, repercutirá en un descenso de los precios de otros cultivos a los que se sumen las hectáreas que se dejen de cultivar de remolacha, como patata, frutas y hortalizas, por no hablar del futuro incierto de las tres molturadoras que Azucarera posee en Castilla y León (La Bañeza en León, Toro en Zamora y Miranda de Ebro en Burgos), y de sus trabajadores.
Siguen confiando en que la empresa dé marcha atrás en su planteamiento para la próxima campaña y retome el Acuerdo Marco Interprofesional (AMI) entre industrias y productores, que han «dinamitado» con su decisión «unilateral». De momento esperan una próxima reunión con Azucarera durante este mes de enero en la que renuncie al modelo planteado y pague de nuevo los 42 euros por tonelada negociados, aunque anuncian movilizaciones «más contundentes» si esto no se produce.
Para el coordinador regional de la Unión de Campesinos de Castilla y León (UCCL), Jesús Manuel González Palacín, el anuncio de Azucarera es «una sentencia al cultivo», que llega con la previsión de siembra ya en la cabeza, y ya hay agricultores de las provincias de Ávila, Burgos, León, Valladolid y Zamora que han acordado no sembrar al precio ofertado por esta empresa. «Hay mucha economía alrededor», apostilló Palacín, que espera que se pueda llegar a un acuerdo entre todos para el mantenimiento del sector remolachero en Castilla y León.
En el mismo sentido se pronunció Aurelio González, coordinador de la Alianza UPA-Coag, que aseguró que no se descarta ninguna movilización, aunque se mantienen la espera de que la empresa cambie su postura ante la próxima campaña. «No vamos a aceptar de ninguna manera una ruptura del AMI para el próximo año», destacó González, que indicó que las movilizaciones celebradas el pasado 27 de diciembre fueron «algo testimonial» y que seguirán con actos «más contundentes» si finalmente se sigue adelante con la reducción de precios.
Asaja tampoco descarta ningún tipo de medida. «La situación que ha provocado Azucarera manifestando su intención de cambiar las normas de contratación de cara a la próxima campaña ha creado incertidumbre, descontento y abandono de la intención de sembrar», subrayó su presidente regional, Donaciano Dujo, que insistió en que la empresa debe reconsiderar esta situación. «Creo que los datos de los que dispone Azucarera en estos momentos demuestran que el sector ha dicho no a este nuevo modelo, creo que ha visto el rechazo total de opas y administraciones, tanto autonómicas como nacionales, y tendría que reconsiderar la situación, pensar que se ha equivocado y volver a las normas de contratación actuales, por lo menos durante toda la vigencia del AMI», matizó Dujo.