La terminología técnica es fractura hidráulica, aunque se ha extendido rápidamente el término anglosajón: fracking. Se trata de un nuevo procedimiento para extraer gas del subsuelo. Las compañías extractoras de ese gas pizarra han puesto la vista en Castilla y León, concretamente en tres provincias, Burgos, Palencia y Soria, porque consideran que hay un volumen suficiente como para justificar su exploración.

Pero como todo lo nuevo, asusta. El interés despertado por hacer prospecciones en la Comunidad ha abierto el debate sobre las ventajas y los inconvenientes, sobre todo en el plano medioambiental, de utilizar esta técnica.

Con el objeto de analizar en profundidad el fracking, con sus bondades y sus perjuicios, el programa ‘Espacio Abierto’ de RTVCyL reunió al profesor de la Escuela Superior de Ingenieros de Minas de la Universidad de Oviedo Isaac Álvarez y Hipólito Delgado, miembro de la Plataforma Antifracking de las Merindades, en Burgos, una de las zonas en las que se estudia implantar esta técnica, para debatir sobre este procedimiento de extracción.

El profesor universitario puntualizó, desde el comienzo de su intervención, que no es un defensor del fracking, pero como experto en la materia considera que existe mucha desinformación y falsos mitos en torno a la nueva técnica de extracción del gas pizarra. No obstante, sí que precisó que los estudios realizados hasta este momento ponen de manifiesto el enorme potencial que tiene la Comunidad para encontrar esta fuente de energía. «Castilla y León es una de las comunidades con más gas entre capas de pizarra y la única forma de conseguirlo, por el momento es con la aplicación del ‘fracking’».

Isaac Álvarez se mostró partidario de que, como mínimo, se realicen las pruebas necesarias para comprobar si hay o no ese gas pizarra en el subsuelo de Castilla y León al que apuntan los estudios preliminares y posteriormente decidir si se extrae y de qué modo. «Me parece racional que se hicieran los pozos exploratorios para saber de lo que estamos hablando», aseguró el profesor Escuela Superior de Ingenieros de Minas de la Universidad de Oviedo. «Se trata de saber lo que hay, después hacer la prueba piloto y a partir de ahí se irá escalando», añadió

El Ministerio de Industria ha recibido hasta el momento 30 solicitudes para realizar los primeros sondeos con el método de la fractura hidráulica en Castilla y León, una de ellas autorizada en Sedano, pero sólo en la fase inicial de investigación.
Con la presentación de las solicitudes para analizar el empleo de esta técnica también ha surgido plataformas que se oponen frontalmente por los riesgos que consideran que tiene. Una de ellas, en la comarca burgalesa de las Merindades. Uno de sus portavoces, Hipólito Delgado, también participó en ‘Espacio Abierto’ donde expuso sus temores.

«Si hubiese otro método que no fuese tan nocivo y nefasto, como se ha demostrado en Estados Unidos, sería distinto. Estamos en contra de este sistema de extracción, si hubiese un pozo convencional, yo no estaría aquí», argumentó el portavoz de la Asamblea Antifracking de Merindades.
«Va a ser un auténtico despropósito para la zona», concluyó el miembro de la Plataforma contra esta técnica, quien añadió que se «masacrará la zona» que perderá su turismo y su agricultura y ganadería.

Uno de los principales temores mostrados por las plataformas tiene que ver con la contaminación de acuíferos de agua potable y del elevado uso del agua para la extracción. «Una cosa es consumir el agua para regar un campo, donde entra en el proceso normal, y otra cosa es que ese agua termine contaminada y que no se sabe qué se puede hacer con ello», indicó Hipólito Delgado.

A este respecto, el profesor de la Escuela Superior de Ingenieros de Minas de la Universidad de Oviedo precisó que en cuanto al consumo, es como mucho tres veces más que la misma superficie de maíz, y sobre la contaminación de acuíferos, aseguró que no se ha documentado ni un solo caso en Estados Unidos, donde la técnica está más desarrollada.

En los aspectos positivos, Álvarez destacó la generación de empleo y las posibilidades de mejora de ingresos para los ayuntamientos afectados a través de los impuestos a la extracción.