La Audiencia Provincial, a través de un auto al que ha tenido acceso Diario Palentino, ha desestimado definitivamente la denuncia interpuesta contra dos celadores de la Junta de Castilla y León y un particular, a los que les imputaron una supuesta cacería ilegal en un rececho de rebeco que tuvo lugar en la Reserva Nacional de Caza Fuentes Carrionas.
El Alto Tribunal de la provincia ha confirmado así el archivo inicial de las diligencias abiertas por este caso en el Juzgado de Instrucción número 1 de Cervera de Pisuerga.
La Audiencia argumenta, según el auto, que los hechos denunciados «no pueden ser constitutivos de un delito del artículo 335 del Código Penal» al entender que los recurrentes -Fapas y Ecologistas en Acción- «parten de la posibilidad de que la caza de la especie pueda realizarse en época distinta a aquella que fue realizada y es precisamente en tal circunstancia en la que se asienta la consideración de que el pretendido ilícito que haya podido suceder, en ningún caso es inscribible en el Código Penal, aunque pudiera ser sancionado administrativamente».
El ponente abunda en el hecho de que es la propia Administración Autonómica «la que reconoce la existencia de permisos, por lo que sitúa la conducta fuera del ámbito penal y ello sin entrar en otra suerte de consideraciones».
DECLARACIONES. Cabe recordar que el celador mayor de la Reserva de Fuentes Carrionas declaró en septiembre de 2008 ante la juez de Cervera de Pisuerga, que instruyó las diligencias, que la cacería se llevó a cabo el 30 de abril, cuando el permiso era para el 1 y 2 de mayo, debido a que el rebeco en cuestión se encontraba enfermo.
Fuentes jurídicas ya indicaron que hubo autorización verbal por su parte para que se llevara a cabo la actividad cinegética.
La denuncia en cuestión fue formulada el 3 de mayo del pasado año por parte de un agente del Fondo para la Protección de Animales Salvajes (Fapas), ante el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil. El colectivo Ecologistas en Acción se personó como acusación particular en el presente proceso judicial.
Las pruebas aportadas por el agente del Fapas y guarda particular de campo y caza habilitado por el Ministerio del Interior propiciaron que el Juzgado que ha instruido el caso decidiera abrir diligencias previas, para determinar si existían indicios sobre la posible existencia de una cacería ilegal para decretar la apertura de un juicio oral o, por el contrario, archivar la denuncia, como finalmente así ha sido.
El trabajo del denunciante en una zona donde habita el oso pardo, ayudó a detectar la presencia en la cacería de los dos celadores, junto a un particular.
El posterior hallazgo de restos de animales muertos le infundió sospechas sobre una supuesta actividad ilegal en un periodo no hábil para la caza.
Los de Fapas tienen su lugar, en un estado de derecho. La cacería tenía fecha de 1 y 2 de mayo y estaban cazando -según la noticia- el 30 de abril con un particular. Considero ejemplar su comportamiento. La caza es el 1 y 2 de mayo, si hubiese sido un cazador normal y corriente ¿que habría pasado?. La tierra no es de nadie, estamos de prestado "todos". También entiendo, porque los "mejores" terminan marchándose a las grandes ciudades...aunque si sirve de algo, debemos quedarnos para que los cainistas no triunfen.
El rabo no está entre las piernas de los de Fapas. Está en otro sitio ¿no sientes nada por detrás?
El de Fapas con el rabo entre las piernas a su casa.
Se creen estos dueños y señores de una tierra que no es de ellos pero quieren actuar como autenticos feudalistas.
¡¡que les quiten las subvenciones'¡¡
total para lo que hacen