La Asociación de Profesores de Enseñanza Secundaria de Castilla y León, Aspes-CL, ha interpuesto recurso contencioso administrativo contra el Decreto-Ley 1/2010, de 3 de junio, por el que se establecen medidas urgentes de adaptación al Real Decreto-Ley 8/2010, de 20 de mayo, del Gobierno de la nación, es decir contra el Decreto Ley autonómico que reduce las retribuciones de las funcionarios de la Comunidad en consonancia con la decisión estatal. Así lo explicó ayer en Palencia Carlos Hernández de Bustos, secretario general de Aspes-CL.
El recurso, que se presentó el pasado lunes, día 21 de junio, plantea a la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León la necesidad de someter estas decisiones con rango de ley a algún control jurisdiccional ordinario, especialmente en cuanto a si concurren o no los requisitos previstos en el Estatuto de Autonomía para que la Junta de Castilla y León utilice este mecanismo normativo.
Mediante el recurso, además, se propone a la Sala que tramite una medida cautelar de suspensión de los efectos del Decreto-Ley autonómico, basada en la inconstitucionalidad del mismo y del mismo Decreto-Ley estatal de cobertura, ya que ambos vulneran frontalmente los principios de seguridad jurídica e irretroactividad. A tal fin, una vez se admitiera a trámite el recurso y se recibiera la respuesta de la Junta a la solicitud de la medida cautelar, la Sala tendría que plantear una cuestión de inconstitucionalidad al Tribunal Constituciona.
«otoño caliente». Carlos Hernández de Bustos habló de que el poder adquisitivo de los profesores de instituto en los últimos 30 años se ha reducido un 27 por ciento, a lo que habría que sumar el 7,3 que se plantea ahora.
El secretario general de Aspes-CL anunció un «otoño caliente» si la Consejería de Educación de la Junta «no negocia con los sindicatos mejoras y sigue agrediendo al colectivo».