Sociedad

20/03/2007

DERECHOS DE AUTOR

Reúnen un millón de firmas en contra del canon digital

Cerca de 30 asociaciones se oponen a que se grave con impuestos las copias privadas

OTR-PRESS

La plataforma Todoscontraelcanon, formada por 26 organizaciones empresariales y de consumidores, presentó ayer en el Ministerio de Industria casi 1,07 millones de firmas conseguidas contra la implantación del canon digital por copia privada, que gravará en breve los dispositivos electrónicos.
Esta iniciativa se puso en marcha hace un año y está impulsada por patronales de tecnologías de la información como Aetic, Astel, Asimilec o Aedoc Digital; asociaciones profesionales como Ritsi, ALI o AETI; colectivos representantes de consumidores como Facua y Caccu o de internet, AUI o Asociación de Internautas, colectivos de software libre -Hispalinus- y la publicación de CCOO Confía.
La entrega de estas firmas se produce cuando está a punto de concluir el plazo para que los ministerios de Industria y Cultura publiquen la normativa que determine qué productos van a ser gravados y cuánto, aunque podría retrasarse debido a los diferentes criterios.
Junto con los apoyos que están siendo recogidos a través de la web de todoscontraelcanon, los impulsores de la iniciativa hicieron público un manifiesto en el que recordaron que la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual y la implantación del canon digital está recurrida ante la Comisión Europea, que aún no se ha pronunciado al respecto.
La nota señala que con el gravamen se da «beneplácito para que dos o más entidades de gestión de derechos de autor» saquen provecho en común de un adelanto tecnológico, lo que «vulnera los principios de la Ley española de la Competencia, y en especial, los artículos 85 y 86 del tratado de la CE, así como el 65 y 66 del de la CECA, sobre acuerdos restrictivos de la competencia y los abusos de posición dominante, además de establecer el derecho a la copia y lo contrario en el mismo texto».
El grupo afirmó que el canon digital supone un gran impacto económico en el mercado de la UE -más del 60 por ciento del precio de los CDs y DVDs-, mientras que para los reproductores ipod de 30 gigas puede significar un coste añadido de 90,6 euros, frente a los 2,56 o 9,87 que se llegan a pagar en países como Alemania o Italia.
Además, el colectivo reivindicativo recordó que la implantación del canon en los CDs y DVDs, que fueron los primeros soportes con este gravamen, supuso el cierre de numerosas empresas, y así se ha auspiciado el mercado negro.
La competitividad con los rivales asiáticos en productos y con los americanos en contenidos, es cada vez mayor, sostuvo el comunicado, y este impuesto «hace frenar el desarrollo económico de la Unión frente a estas naciones», lo que conlleva una mayor deslocalización.
La plataforma todoscontraelcanon afirmó, asimismo, que «la evidencia de que esta norma no resuelve los conflictos que pretende solucionar fundamenta el notorio rechazo social que se está produciendo, que aumenta, al confirmarse que consagra privilegios que van contra el interés general y va a suponer un freno importante a la implantación de la Sociedad de la Información en España».
El manifiesto solicitó que la recaudación del canon como compensación del perjuicio que sufren los autores cada vez que se copia su obra se realice exclusivamente por los que adquieren este derecho en la venta al público de sus obras para que el beneficio sea sólo para el creador.
En cualquier caso, la plataforma quiere participar en la fijación de las cuantías y soportes sujetos a canon; que se limite el precio máximo del mismo en función del coste del producto; que se informe al consumidor de lo que supone el gravamen en el del dispositivo que adquiere y que se prohíba más de una imposición de aquél al intervenir varios mecanismos para hacer una sola copia.
Esta asociación también exigió que se exima de su pago a grupos tales como organizaciones administrativas, asociaciones, ONG y colectivos, así como a empresarios y autónomos que no usan los soportes y equipos para almacenar contenidos con derechos de autor, y que la recaudación la realice la Administración.    

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