La Junta de Castilla y León ha comunicado, a través del Bocyl, que ha impuesto una sanción a la empresa Areniscas de Aguilar por una infracción en materia de Evaluación de Impacto Ambiental. Se trata de una cantera ubicada en las cercanías de Quintanillina de Corvio que fue denunciada hace dos años por la Coordinadora Central Salinas por «no cumplir con su Declaración de Impacto Ambiental».
Hay que recordar que las denuncias empezaron cuando las canteras pidieron los permisos para su ampliación, algo que, según comentan los miembros de CCSA: «nos parecía increíble que estuvieran incumpliendo a lo grande sus respectivas Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA) y no tuvieran problemas en obtener una nueva para ampliar».
Tras conocer la sanción de la Administración Regional, desde la coordinadora han señalado que «el estado de las canteras, en funcionamiento o ya abandonadas, en toda la franja norte de la provincia, demuestra que las empresas no cumplen las DIA y la Administración mira para otro lado, incluso con denuncias formales».
Recuerdan que denunciaron a las canteras Maspalomas y Areniscas de Corvio hace varios años, aunque «en el Ayuntamiento e Industria nos ignoraron por completo y en Medio Ambiente sólo enviaron inspectores un año más tarde cuando elevamos la denuncia a Valladolid».
Sobre la sanción, opinan que «ahora nos comunican finalmente que imponen una sanción a una de ellas, mientras durante todo este tiempo nadie les ha impedido seguir extrayendo piedra en las mismas condiciones o peores que las que denunciamos».
Con respecto a su estado actual, comentan que «una se restauró parcialmente y luego se abandonó cuando quedó agotada; y la otra trabajó intensamente un tiempo y ahora está completamente abandonada y sin restaurar. Lo peor de todo es que ambas han obtenido permiso de Medio Ambiente para iniciar una nueva fase de explotación en mucha más superficie que antes, así pues no podemos decir que estemos muy satisfechos del modo en que la Administración cumple sus obligaciones».
De igual modo señalan que las canteras se consideran de utilidad pública e interés social y de este modo «se pueden autorizar en suelo rústico y en la mayoría de los casos expropiar a los propietarios si se niegan», por lo que consideran que lo mínimo que se puede exigir es «que los trámites de concesión y la actividad posterior se desarrollen cumpliendo las normas legales. Pero el Servicio Territorial de Industria actúa como una gestoría al servicio de las empresas, en lugar de defender el interés general como sería su obligación. Así, concede muchas licencias pero luego no las controla y las canteras campan a sus anchas, saltándose la ley sin control efectivo alguno».
CIEN HECTÁREAS. Por otro lado, hay que decir que en la parte norte del municipio aguilarense hay más de cien hectáreas con licencias administrativas ya en proceso u obtenidas que pertenecen a cinco canteras. Una de ellas, Guadalupe, alarmó a la población debido a su gran tamaño y su localización, muy cerca del barrio de Los Mártires. Por ello, CCSA recogió en contra del proyecto más de 700 alegaciones de vecinos en tan sólo una semana -al se presentaron más de 800-. De igual forma contra el proyecto La Mata se consiguieron otras 600 alegaciones.