Al Ayuntamiento de Soto de Cerrato le ha surgido un problema. La Asociación Nacional de Empresarios Fabricantes de Áridos (Anefa) ha formulado recurso contencioso-administrativo contra la Ordenanza reguladora de la tasa por otorgamiento de licencia urbanística que aprobó el Consistorio el pasado año. Una ordenanza novedosa en la provincia al regular una actividad muy específica, la extracción de áridos.

El Consistorio recibió la notificación de este recurso días atrás y ayer era el Tribunal Superior de Justicia, la Sala de lo Contencioso Administrativo, el que hacía pública la presentación de este recurso.

La Ordenanza fue aprobada el 14 de agosto de 2009 pero no se elevó a definitiva hasta diciembre del pasado año.

El hecho imponible de la tasa viene determinado por la actividad municipal, técnica y administrativa, que tiene la finalidad de verificar si los actos de edificación o uso del suelo a que se refiere si son conformes con las previsiones de la legislación y el planeamiento urbanístico vigentes. Para los movimientos de tierra se estableció una cuota de 1.500 euros por hectárea y en superficies inferiores a la hectárea la cuota se calculará en proporción a las mismas.

DP trató ayer, sin éxito, de conocer a través de su sede central en Madrid o de su Delegación Centro -en la que está incluida Palencia-, las razones que han llevado a Anefa a acudir al Contencioso.

"Anefa". La Asociación Nacional de Empresarios Fabricantes de Áridos (Anefa) agrupa a 644 explotaciones y está integrada por 498 empresas repartidas por todo el territorio nacional, incluidas en Anefa directamente como Empresas Miembro activo o bien a través de las Asociaciones miembro.

La asociación representa los intereses del sector de explotación de áridos en los ámbitos territoriales de las Comunidades Autónomas, provincias y municipios. Entre sus objetivos está potenciar la consideración de los aspectos medioambientales en los procesos de producción de áridos; promocionar la calidad y la utilización adecuada de los áridos impulsando el perfeccionamiento de la normativa técnica aplicable y promover la mejora de las condiciones de seguridad y salud de los trabajadores en las empresas del sector.