Anadie se le escapa que más allá de creencias y de prácticas religiosas, la Iglesia Católica forma parte por derecho propio no sólo de nuestra historia, sino también de nuestra idiosincrasia, no en vano tradiciones, fiestas, costumbres, nombres y calendarios han quedado marcados con el paso de los siglos por su mano, su presencia o su capacidad de influencia y de penetración social. Una muestra evidente de todo ello es la amplia relación de bienes muebles e inmuebles que ha sobrevivido a modas y usos, hasta conformar en nuestros días el patrimonio eclesiástico, pero también el de los pueblos y ciudades donde se asienta y en muchos casos el de la humanidad entera. Ningún lugar estaría dispuesto a renunciar a su catedral, al puente de piedra por el que accedían los peregrinos de la Ruta Jacobea a la localidad o al monasterio acostumbrado a compartir espacios y tiempos -parcialmente- entre sus moradores habituales y los civiles que acuden en busca de un tiempo más pausado o los estudiosos del arte. Hasta el más descreído se pegaría con quien pretendiera mover de sitio una tabla religiosa de un maestro flamenco de la iglesia de su pueblo y cualquier vecino defendería con uñas y dientes la permanencia de un capitel o una pila bautismal en una pequeña ermita. Parece que ya pasó el tiempo de los grandes expolios y de las supinas ignorancias, de forma que ahora a todo el mundo le apetece presumir ante los foráneos de sus retablos, sus imágenes, las pinturas murales de su iglesia y su iglesia misma.

Este rico patrimonio histórico-artístico de la Iglesia Católica conforma con el de carácter civil el mejor escaparate de lo que fuimos y de lo que hemos sido capaces de conservar y no hay municipio que se precie que no lo mime como algo propio, como atractivo turístico, como recurso económico y como algo inseparable de su entramado urbano. Es así, pero naturalmente tiene un coste. Y alto.

Por una parte, es preciso invertir en la conservación y la rehabilitación de esos bienes para que mantengan el esplendor de sus orígenes, pero también hay que gastar dinero en la contratación de guías que los muestren, en publicaciones y trabajos de investigación que los documenten y en la adecuación de los entornos -en el caso de los edificios- para facilitar el acceso a propios y extraños. Además, los bienes inmuebles de la Iglesia Católica están exentos de pagar el IBI (la vieja contribución) a los ayuntamientos y eso también es un coste. El Consistorio capitalino sería cada año 610.000 euros más rico si los 182 edificios de la Iglesia pagasen ese impuesto. No lo hacen porque están exentos. Es económicamente menos rico pero comparte la riqueza de tenerlos en la ciudad.