Carlos comenta que tiene un gran florero en el garaje. Un florero que en su día le supuso una importante inversión en euros e ilusiones y que ahora puede contemplar... Pero no tocar. Tiene una Harley-Davidson cuya documentación ha sido intervenida por la Guardia Civil.
Es uno de los cientos de afectados en España por la «problemática creada por la matriculación anómala» de motocicletas de esta conocida marca, tal y como se refiere el Ministerio de Industria a las presuntas irregularidades cometidas en los últimos años en las homologaciones de motos Harley-Davidson adquiridas a través de importadores ajenos a la casa comercial de la marca.
El asunto, reconoce Carlos, es complejo y trae de cabeza a miles de afectados en España que, como él, no pueden utilizar su moto. Todo empieza por dos códigos identificativos: 1HD y 5HD. El primero corresponde al bastidor de las motos que Harley-Davidson fabrica para Estados Unidos, conforme a la normativa de aquel país, mientras que el segundo es el código que la marca asigna a los modelos para otros mercados, entre ellos el europeo.
Hay varias diferencias entre unos y otros, según la marca: dispositivos de iluminación, emisiones de ruido y gases, velocímetros, etcétera. Por eso, cualquier motocicleta fabricada para Estados Unidos ha de ser homologada para su uso en España.
Hasta aquí todo normal. El primer pero llega pronto: antes del año 2003 todos los modelos, entre ellos el adquirido por Carlos (de 2002) tenían el prefijo 1HD en su número de bastidor, incluidos los destinados a Europa. Y el segundo pero lo añade Carlos, sin ocultar su indignación: «Yo compré mi moto homologada por el Ministerio de Industria, con permiso de circulación sellado, timbrado y totalmente legal y con tarjeta de Inspección Técnica de Vehículos. Por lo tanto, mi moto es totalmente legal».
Esta reivindicación es la compartida con otros cientos de motoristas españoles -algunos los cifran en 5.000- que en los últimos meses han venido recibiendo la llamada o la visita del Grupo de Investigación de Accidentes de Tráfico de la Guardia Civil (GIAT). «Me requirieron la documentación de la moto y yo se la tuve que entregar para evitar una multa por obstrucción a la Justicia», explica este afectado. «Pero mientras espero a que estudien la documentación, sigo pagando el seguro y el impuesto de rodaje».
La plataforma de afectados organizada a través de Internet trata de encontrar una solución para un problema que no tiene culpables. «No hay ningún imputado, ni acusado, ni delito visible», recuerdan, pero mientras tanto los agentes siguen requiriendo motocicletas y advirtiendo a las ITV que revisen con mucho ojo todas aquellas que lleven en su bastidor el prefijo 1HD, incluso las fabricadas antes de 2003, como la de Carlos. Ante esta paradoja que los afectados no se explican, la marca alega que si son posteriores a ese año «no cumplen las normativas de homologación europeas» y, si son anteriores, «entonces hay que comprobar otros elementos». Los afectados, en cambio, no entienden por qué Harley Davidson continuó entonces homologando sus vehículos 1HD después de esa fecha y se temen que detrás de todo este asunto pueda haber intereses eminentemente comerciales.
"ITV" IRREGULARES. Pero para entender esta polémica hay que viajar hasta Cuenca, donde la Guardia Civil inició una investigación al detectar un incremento inusual de revisiones previa matriculación en España de motocicletas de la marca Harley-Davidson, según consta en las diligencias a las que ha tenido acceso este periódico. Posteriormente un Juzgado conquense dictó el sobreseimiento provisional de esta causa, pero la Guardia Civil continuó con las investigaciones en otras provincias del país donde supuestamente también se habrían cometido irregularidades.
Mientras, el Ministerio de Industria estudió las posibilidades que tenían los afectados para poder recuperar sus papeles y llegó a la conclusión de que la idónea era la homologación individual, es decir, que cada motorista someta a su Harley-Davidson a un nuevo proceso de homologación por parte de centros autorizados por el Ministerio, en el que un equipo de ingenieros emita un certificado de correspondencia de homologación española.
Un documento en el que se hace constar que la moto estudiada corresponde al número de homologación tipo X de la marca. «Todo ello corre a cargo del usuario perjudicado y estamos hablando de entre 1.500 y 2.500 euros», recuerda Carlos. «Y todo porque unos documentos oficiales que en su día la Administración dio por buenos ahora resulta que no lo son», dice. Y enfatiza la palabra oficiales.
Desde la plataforma de afectados proponen una vía de solución. «Durante un tiempo, en el que ya estaba en vigor la Directiva 750/2010 que supuestamente no se cumple, un importador realizó de motu propio homologaciones individuales de sus motos, por las que los compradores pagaron unos 100 euros. Después dejó de expedirlas porque desde la ITV se indicó que no eran necesarias. Resulta que a los conductores que disponen de ese papel no se les ha intervenido la documentación», explican desde el colectivo y proponen que se sigan dando ese tipo de homologaciones para todos ellos.
Se muestran indignados y acusan al Ministerio y las Autonomías de hacerles pagar por un posible delito de falsedad documental que, en todo caso, se habría cometido desde el seno de la propia Administración. Algunos llevan meses con sus Harley-Davidson paradas. Y Carlos no se resigna a haberse esforzado tanto para acabar adquiriendo un florero.