El de ayer fue un escenario nuevo, pero para contener la misma historia, los mismos protagonistas y ¿el mismo desenlace?
El Juzgado de lo Social 2, ubicado ya en el edificio del antiguo Banco de España recogió ayer las declaraciones de los representantes legales de Juan Miguel Martínez Gabaldón, ex director de Galletas Gullón, y de los de la galletera para decidir cuál es el camino para cumplir la sentencia del despido improcedente de Gabaldón hace ya casi un año: salida indemnizada de 8,2 millones de euros o reincorporación.
Ante el mismo juez que señaló como improcedente el despido en abril, ambas partes han cambiado su parecer: Si entonces Gabaldón manifestó su intención y deseo de volver a Gullón y la firma el de no readmitirle, ahora es Gabaldón el que no desea incorporarse y previere cobrar la indemnización mientras Gullón quiere repescarle como «mal menor», teniendo en cuenta que el pago de la indemnización astronómica podría poner en juego la continuidad de la empresa y su política de empleo.
«Teníamos un problema y el Consejo de Administración ha considerado que el menor de los males para la sociedad es la reincorporación de Gabaldón», explico ayer ante el juez el actual director general de la galletera, Félix Gullón.
El letrado defensor de los intereses de Galletas Gullón manifestó que en ningún momento, tras la sentencia firme del TSJCyL, «Gullón se ha manifestado en contra del deseo de Gabaldón de volver, deseo que fue confirmado el 13 de abril». Un acuerdo que, según el letrado, tiene un carácter «irrevocable». Además, aseguró que Juan Miguel Martínez Gabaldón «cambió su parecer y su criterio horas después de manifestar la compañía ante el Juzgado la decisión de reincoporarle el 6 de agosto», algo que hizo alegando que había cinco causas pendientes contra él. «Unas causas que ya eran conocidas el 13 de abril cuando manifestó su deseo de volver a Gullón», por lo que consideró que Gullón cumplió con su parte del acuerdo y que además Gabaldón no se presentó a trabajar el día indicado por la empresa.
Por su parte, la defensa de Juan Miguel Martínez Gabaldón aseguró que no existe confianza en el ex directivo, por lo que se incumple una de la normas para los contratos de alta dirección. De hecho, en este aspecto se incidió mucho durante la vista que duró más de dos horas. Hasta el juez interpeló e insistió a Félix Gullón en su declaración «¿cómo se puede confiar en una persona contra la que se tienen cinco procesos abiertos?», a lo que el director general señaló «el regreso de Juan Miguel debe servir para que recuperemos la confianza que durante años ha tenido el Consejo y la familia Gullón en su gestión».
De igual forma, el abogado de Martínez Gabaldón subrayó que «nunca» ha habido disposición por parte de la compañía para llegar a un acuerdo y que no existe la «confianza» ni la «buena fe contractual» que requieren los términos de un contrato de alta dirección para que se produzca la readmisión. Es más, consideró que de llevarse a cabo, «sería un acuerdo contra la ley, la moral y el orden público».
El letrado concluyó que «no cabe la posibilidad de la readmisión» en las circunstancias actuales cuando la empresa tiene abiertos cinco procedimientos judiciales con los que pretende «despojarle de sus acciones, de sus terrenos e imponerle importantes pagos de daños». Además manifestó que lo que Gabaldón mostró el 13 de abril fue una disposición para llegar a un acuerdo.
Será ahora el magistrado Alfonso González quién determine finalmente si Gullón cumplió su parte de la sentencia al readmitir al ex directivo como era su deseo en abril o, por el contrario, debe indemnizarle con 8,2 millones de euros más salarios de tramitación al no haberse llegado entre ambas partes a un acuerdo tácito y como solicita Juan Miguel Martínez Gabaldón, a quien el 1 de diciembre le vence el plazo de pignoración de sus acciones en la compañía.