El Consejo de Administración de Galletas Gullón sigue vigente a día de hoy. Según reconocieron fuentes del mismo, hasta ayer ninguno de los consejeros que lo componen han recibido la notificación de su cese en el cargo, tras la Junta General que celebraron los máximos accionistas de la compañía en un vehículo a las puertas de la sede social de la galletera aguilarense, al considerar el Consejo que la convocatoria no había cumplido la normativa e impedir su celebración dentro de sus oficinas.
Tampoco el director general de la firma y presidente del Consejo, Félix Gullón, ha recibido notificación alguna de que haya sido relevado de su cargo después de la Junta, que tuvo lugar el pasado día 1.
Entre las razones que esgrimen es que esa notificación no ha llegado una semana después porque «la Junta era ilegal», manifestaron ayer. «Tampoco María Teresa Rodríguez se ha pasado por la sede de la empresa para hacerse cargo de la misma en su calidad de supuesta administradora única», aunque no descartaron que este anuncio y el del cese de los consejeros se limite, no a una notificación personal, sino a una reseña en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (Borme).
Readmisión. El caso es que, de ser totalmente legal la Junta General de Accionistas, como sostienen los máximos accionistas (María Teresa Rodríguez, Juan Miguel Martínez y Lourdes Gullón), el anuncio de cese del Consejo puede llegar algo tarde.
Mañana, si no prospera el recurso de reposición presentado por el Consejo de Administración, Galletas Gullón y Juan Miguel Martínez Gabaldón han sido citados por el Juzgado número 2 de lo Social de Palencia para dirimir si finalmente la galletera debe readmitir a su ex directivo o pagar la indemnización de 8,2 millones de euros además del salario de tramitación desde noviembre de 2009.
En representación de Gullón está previsto que se presente el Consejo de Administración o sus representantes legales, cuando podrían tener los días contados si la resolución de la Junta General de Accionistas de disolver el Consejo se hace efectiva.
El juez ha llamado a ambas partes después de que entre ambos no se llegara a un acuerdo para la reincorporación de Gabaldón a la Dirección General de Gullón, que éste rechazó porque la empresa «tiene abiertos cinco procedimientos judiciales» en los que a su entender busca despojarle de sus acciones, de sus terrenos, imponerle «importantes pagos de daños e incluso responsabilidades penales con penas potencialmente privativas de libertad», explicaron fuentes cercanas a Gabaldón.
Por su parte, Gullón estima que no debe pagarle porque le ha ofrecido la reincorporación a su puesto en las mismas condiciones que antes del despido.
Ahora, deberá ser el mismo juez que determinó que el despido de Gabaldón fue improcedente el que señale cuál es el camino a seguir, pese a que en la sentencia estimaba que en el caso de que no hubiera acuerdo entre ambas partes, se optaría por la indemnización, que fue solicitada por Gabaldón el 18 de agosto.
Por esto, el juez podría decidir mañana que Gullón debe pagar los más de 9 millones de euros a Gabaldón cuando, quizá dentro de unos días, María Teresa Rodríguez retome las riendas de una compañía que tendrá esta importante deuda con un directivo que sí estaría dispuesto a reincorporarse a ese puesto con la nueva administradora única.