El consejero de Educación de la Junta de Castilla y León, Juan José Mateos, explicó ayer en la localidad palentina de Fuentes de Nava que los alumnos cuyos padres siguen objetando pese a la sentencia del Tribunal Supremo y, por consiguiente, deciden que no cursen Educación para la Ciudadanía, «no podrán aprobar una asignatura obligatoria».

«Pido a los padres que la normalidad sea una de la características esenciales de la educación en Castilla y León», sostuvo el consejero. «Normalidad es la que ha tenido la Junta desde que empezó la polémica», recordó, «por lo que ofrecimos atención a los niños cuando era posible objetar y ahora les ofrecemos clases de apoyo para recuperar el tiempo perdido en esta asignatura».

Mateos explicó que se desarrollará «de forma distinta en cada caso, en función de las necesidades de cada centro y alumno» y, por ello, el consejero insistió en pedir a los padres «confianza en el sistema», ya que en Castilla y León «el currículum es neutro y se actúa de acuerdo con la sentencia, de forma que no inculca ningún tipo de ideología en los alumnos y respeta a los padres, siendo positivo que una parte de la educación la impartan las familias, pero la otra parte la debemos llevar a cabo nosotros en la asignatura de acuerdo a la ley», precisó.

«Ni ha habido ni va a haber ninguna polémica respetando la libertad de cada uno», mantuvo Juan José Mateos, aunque prometió «respetar la libertad de cada uno, así como su responsabilidad», en referencia al suspenso que supondría el no cursar la asignatura a partir de este momento. Igualmente insistió en que los 135 alumnos que no han cursado hasta ahora Educación para la Ciudadanía «deberán recuperar el tiempo que han perdido».

Al respecto, el presidente del Foro de la Familia en Palencia, César Merino, concretaba que las declaraciones del consejero de Educación «son coherentes con la postura de la Junta. No dice gran cosa en el sentido de que no es nada nuevo, aunque un suspenso en esta asignatura no es obstáculo para la promoción del alumnado».

En la actualidad, los objetores a la asignatura «seguimos pendientes de todo el proceso, ya que se va a tener que hacer un seguimiento del contenido de los libros, los materiales complementarios que se van a utilizar y la orientación propia de cada profesor con el fin de evitar el adoctrinamiento».

En su opinión, la Junta ha mantenido que «se va a facilitar la objeción y la reincorporación de los alumnos. Es positivo que se favorezca la postura de los padres». Así, dijo que la sentencia no es definitiva y que hay interpuestos recursos. «A día de hoy sólo seis de las 15 familias que habían presentado recurso han recibido la notificación respectiva. La verdad es que estamos pendientes de una notificación más de alumnos en edad de cursar, ya que el resto no estudian actualmente esa asignatura», explicaba.

Asimismo, recordó que «se mantiene la opción de dejar de asistir a clase, sin amparo judicial, ya que se ha recurrido ante el Tribunal Constitucional. El proceso sigue abierto y no es definitivo» y, en cambio, concretó que los alumnos que hayan decidido continuar cursando la asignatura «están en su derecho».

Hay que recordar que el pasado 18 de marzo la Sala de lo Contencioso Administrativo de Valladolid había notificado autos por los que se estimaba el recurso de súplica interpuesto por el Ministerio Fiscal contra los autos que accedían a la medida cautelar de suspensión de la obligatoriedad de cursar las asignaturas conocidas genéricamente como Educación para la Ciudadanía y, en su virtud, se levantaban las citadas la medidas cautelares.

La Sala tomaba en consideración las Sentencias de la Sala Tercera del Tribunal Supremo de 11 de febrero de 2009, sentencias que resolvían recursos de casación interpuestos frente a resoluciones judiciales de otras comunidades.

Los alumnos que estaban obligados a cursar la asignatura y habían solicitado la objeción se encontraban cautelarmente eximidos de tal obligación, bien por la medida cautelar adoptada en sede judicial, o por la adoptada en vía administrativa, como consecuencia de la primera. «Habiéndose dejado sin efecto el amparo de no cursar la asignatura de Educación para la Ciudadanía se dictarán de manera inmediata instrucciones con indicaciones de cómo proceder a la recuperación y reincorporación a dicha asignatura», afirman desde la Administración Regional.

Al respecto, el consejero de la Presidencia y portavoz, José Antonio de Santiago-Juárez, recientemente explicaba que «la Junta diseñará un plan para la recuperación de todos los alumnos que no estaban acudiendo a las clases de Educación para la Ciudadanía».

Se la podía llamar la asignatura de la polémica. Desde que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero apostara por ofrecer en las aulas Educación para la Ciudadanía no han parado de surgir las polémicas. Si el Ministerio de Educación considera que la materia ayudará a «potenciar que los alumnos sean grandes ciudadanos en el mundo actual», sus objetores, en cambio, argumentan que la única pretensión es «adoctrinar a las nuevas generaciones».

A pesar de las resoluciones judiciales, algunos padres de alumnos -concretamente más de 100 en Castilla y León- siguen afirmando que no es la mejor opción y, más aún, esperan a que todo se normalice porque afirman que la sentencia no es firme al haber presentado un recurso al Tribunal Constitucional. A la espera de una nueva sentencia, Diario Palentino ha salido a la calle para saber la opinión de los ciudadanos. La respuesta es unánime: «Hay que acatar la Justicia».