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18/06/2004

Archivadas las denuncias por la carga policial contra los regantes en Fuensaldaña

Blas Donis (UPA) fue acusado de atentado contra las fuerzas del orden y el ex delegado del Gobierno, de detención ilegal

A. ABASCAL

Las denuncias cursadas contra el ex delegado del Gobierno, Isaías García Monge, y contra el agricultor palentino, Blas Donis, a raíz de la carga policial que se produjo el 12 de marzo de 2003 durante una protesta reivindicativa de los regantes de la Cuenca del Carrión ante la sede de las Cortes han sido archivadas, según informaron a este periódico fuentes de UPA.
Cabe recordar que la Audiencia de Valladolid decidió que abrieran diligencias previas por una supuesta detención ilegal, que ahora han sido sobreseídas, tras revocar el archivo dictado por un juzgado tras la denuncia que presentaron los regantes de la Cuenca del Carrión contra el que fuera delegado del Gobierno, Isaías García Monge.
La apertura de diligencias permitió, además del estudio de la documentación escrita y gráfica, la declaración de varios mandos de la Guardia Civil, así como de miembros del colectivo de regantes palentinos supuestamente implicados en los hechos en los aledaños del Castillo de Fuensaldaña.
Y es que Blas Donis, militante de la organización agraria Unión de Pequeños Agricultores (UPA)y secretario de la Junta Central de Usuarios de la Cuenca del Carrión, fue detenido por presunta agresión y resistencia a la autoridad después de que los agentes de la Guardia Civil cargaran contra cerca de 500 regantes de la Cuenta del Carrión durante dicha concentración. El presidente de la Comunidad de Regantes de La Retención de Palencia, José Luis Burgos, y el agricultor Julián López suscribieron la denuncia contra García Monge por daños personales por cuanto ambos sufrieron heridas de distinta consideración debido a la carga policial y por las que debieron ser atendidos en un centro de salud de la capital vallisoletana.
A su vez, el Juzgado número 5 de Valladolid decidió también admitir a trámite la denuncia cursada por la Guardia Civil contra el secretario de la Junta Central de Usuarios de la Cuenca del Carrión por presunto atentado contra las fuerzas del orden público, denuncia que también ha sido finalmente archivada.
La Junta Central de Usuarios de la Cuenca del Carrión, que aglutina a siete comunidades de regantes con cerca de 3.500 familias registradas, había mostrado su malestar por cuanto la CHD les exigía el pago de un canon anual de 30 euros por hectárea -unas 40.000 en total- para compensar el montante de las obras del trasvase de agua desde Riaño cifradas en 66,2 millones de euros.    

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