Por más que, como lamentó y denunció el PP, el acuerdo alcanzado ayer entre el Gobierno central y la Generalitat catalana para abastecer de agua a Barcelona se denomine transferencia o ampliación de una tubería para el abastecimiento de urgencia, lo cierto es que, tanto valencianos como murcianos lo consideran un trasvase exactamente igual al que se les negó a ellos y, por tanto, lo consideraron un «enorme desprecio» a sus ciudadanos, que, «son tan españoles como lo son los catalanes».

Lejos de amainar, el enfado de los levantinos fue in crescendo tras conocer que la ministra de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, Elena Espinosa, y el consejero de Medio Ambiente y Vivienda de Cataluña, Francesc Baltasar, acordaron por la tarde que el decreto sobre el futuro minitrasvase del Ebro hasta Barcelona, que se aprobará el viernes, sea costeado por el Estado, es decir, por los propios ofendidos, ya que la Administración regional podrá disponer para tal fin de hasta 180 millones correspondientes a la partida prevista en la Disposición Adicional Tercera del Estatut, que contempla aumentar las inversiones en las infraestructuras de la región a costa de todos los españoles.

Para justificar la cuantiosísima inversión, los responsables central y regional repitieron la consabida letanía de que «no se trata de un trasvase». Según explicaron, el agua saldrá de excedentes del delta del Ebro y, al menos así lo explicó Espinosa, no creará ninguna situación «de impacto medioambiental ni disminuirá los metros cúbicos del río».

Para ello, su Ministerio adelantará una obra de mejora de regadíos, que, a partir del 1 de mayo, se realizará en cuatro meses y permitirá obtener 50 hectómetros cúbicos de agua con destino a la región metropolitana de Barcelona.

Todo ello se llevará a cabo mediante una tubería de 62 kilómetros que conectará el cauce fluvial con la cuenca del Ter y será, en su mayor parte, subterránea.

La medida, por muy ecológica y necesaria que pretenda ser, despertó de inmediato un aluvión de críticas.

Desde Greenpeace y otras organizaciones ecologistas, abiertamente opuestas a la solución acordada, se recordó que los partidos que integran el Gobierno catalán ya se opusieron a una «variante» de la iniciativa cuando la propusieron los nacionalistas de CiU.

La contestación llegó incluso desde las propias filas socialistas, puesto que el portavoz parlamentario del PSOE aragonés, Jesús Miguel Franco, pidió a Moncloa que articule «otras soluciones» a la sequía de Barcelona y se remitió al Estatuto de la región maña, que rechaza de manera expresa e inequívoca los trasvases del Ebro.

Aún más crudas fueron las quejas del presidente del PP catalán, Daniel Sirera, quien consideró que la toma de agua constituye una «tomadura de pelo» . «Nos han estado engañando durante los últimos años y ahora se constata que no tienen ningún respeto por los ciudadanos», aseveró el popular antes de añadir que el minitrasvase recupera «simple y llanamente» el otrora denostado Plan Hidrológico Nacional.

Por su parte, el líder convergente, Artur Mas, enredó un poco más las cosas al advertir a Montilla de que no se puede contar con su apoyo si no se considera el trasvase del Ródano, una obra que el jefe autonómico cree «faraónica».

Los regantes no cederán. Si lo que explicó ayer el Gobierno es cierto, el agua que se lleve a Barcelona desde el Ebro este otoño no supondrá detraer ni una sola gota extra del caudal del río, sino que se tratará solo de los supuestos excedentes del volumen de agua ya concedido a los agricultores.

Sin poner en duda al Ejecutivo, lo cierto es que la Comunidad de Regantes del Ebro explicó ayer que no sabe nada de una posible venta de agua por su parte, que sería imprescindible, pues a ella le corresponden los derechos sobre el líquido elemento. De hecho, los 40 hectómetros cúbicos que se quieren llevar a la capital catalana formarían parte de la concesión anual de 120 hectómetros propiedad de los cultivadores.

Para no dejar dudas, el colectivo explicó en un comunicado que «cualquier acuerdo que se haya adoptado sobre la sequía» se ha realizado «sin conocimiento ni consentimiento» por su parte, lo que les hace ser totalmente contrarios «a cualquier medida adoptada» si afecta a sus derechos e intereses.

A la oposición de los regantes se sumó entusiasta la de los alcaldes de ERC de las localidades tarraconenses que integran la región Terres de l"Ebre, quienes ayer consensuaron un manifiesto de oposición a la prolongación del minitrasvase del Ebro hasta Barcelona.

Los regidores republicanos explicaron que el envío de agua mediante una tubería es «muy negativo», pese a que, matizaron, esta posibilidad es algo «menos agresiva» que la opción del Segre, que se venía barajando durante los últimos tiempos.