Los grupos del PSOE y del PP en las Cortes de Castilla y León muestran su voluntad y disposición a aprobar un pacto educativo en la Comunidad en el que se implique a toda la comunidad educativa y se trabaje por la calidad y la dignificación de los docentes, con lo que serían pioneros y se adelantarían así a la negociación abierta por el ministro de Educación con los partido políticos para un gran acuerdo en el ámbito nacional.

El Grupo Socialista llevará el martes al pleno de las Cortes que arranca esta tarde una proposición no de ley en la que insta a la Junta a comprometerse a trabajar con lealtad institucional a favor de un gran pacto educativo a nivel nacional, respondiendo al ofrecimiento del presidente del Gobierno. Además, propone un programa de sensibilización social que involucre a las familias, el respeto a la función docente y la puesta en valor de la formación y educación como garantías de futuro.

El portavoz de Educación del Grupo Popular, Fernando Rodríguez Porres, se muestra dispuesto a atender la propuesta de los socialistas, si bien explica que presentará una enmienda de sustitución para llegar a un acuerdo y que el pleno apruebe la proposición por unanimidad de ambos grupos.

Rodríguez Porres precisa que hará «alguna matización» a la propuesta socialista en el sentido de que el pacto no responde al ofrecimiento del presidente del Gobierno, sino de toda la sociedad a la que, además, entiende que hay que implicar también para reforzar la dignificación de la labor del docente. «No podemos quedarnos atrás, hay que trabajar por la calidad de la educación y la dignificación de los profesores», precisa.

La portavoz de Educación del Grupo Socialista, María Luz Martínez Seijo, por su parte, valora la posición de Rodríguez Porres y añade que la aprobación de su propuesta sería un «paso importante», que después tendría que articular la Junta.

Martínez Seijo subraya, en este sentido, que el pacto nacional, propuesto por el presidente del Gobierno y el ministro de Educación, necesita el acuerdo en las comunidades dado que son las que gestionan la educación, e incide, como su homólogo en el PP, en que hay que trabajar para mejorar la convivencia escolar y el reconocimiento de la labor de los docentes no sólo como autoridad jurídica, al tiempo que apuesta, igualmente, por la implicación de las familias. Y es que, dice, no es «una tontería» las 31.958 incidencias violentas registradas en los colegios de la Comunidad o las 818 actitudes de «desacato» a la autoridad de los docentes.

Además, apunta Martínez Seijo, países como Finlandia, con buenos resultados en el sistema educativo, basan parte de su éxito en la importancia que dan a la formación junto al reconocimiento de la función docente en la sociedad, que se valora y respeta.