La Confederación de Asociaciones de Padres de Castilla y León (Confapacal) pidió ayer en Ávila al consejero de Educación de la Junta, Juan José Mateos, que se reflexione sobre el «copago» impuesto para los centros abiertos, augurando que si hay que pagar por este servicio «no tendrá la demanda que ha tenido hasta ahora», porque «los padres tendrán que dejar a sus hijos con los abuelos o buscar otras fórmulas».

Así se lo han hecho saber en una carta que remitida al consejero, según se puso de manifiesto en la asamblea de la confederación, que reunió, en la capital abulense, a medio centenar de miembros de las asociaciones de padres y madres de alumnos de las nueve provincias de la Comunidad.

El presidente de la confederación, Jesús Muria, aseguró que son programas «impuestos», pues «nosotros no negociamos con la Administración», sino sindicatos y patronal, que «a veces, no tienen en cuenta los criterios específicos de cada provincia y los de las familias».

A juicio de la confederación, se trata de programas que «deben tener un carácter social», pero que, con la llegada del verano, comenzarán a cobrarse, como es el servicio de centros abiertos, destinado a atender a los escolares en periodos vacacionales.

0-3 años. Asimismo, en la asamblea de Confapacal se rechazó el traspaso a los entes locales de la educación de 0 a 3 años, que corresponde al primer ciclo de Educación Infantil y que la LOE establece que es «etapa educativa».

Al respecto, el presidente de la confederación señaló que «no hay una normativa básica» que regule esta etapa educativa, por lo que las comunidades «hacen de su capa un sayo», cuando «deberíamos tener las 17 autonomías un criterio más o menos uniforme».

Recordó Jesús Muria que Cantabria ya asume las competencias en Educación y que Cataluña, Navarra o el País Vasco trabajan en esta línea, mientras que «en Castilla y León siguen siendo competencia de Familia», por lo que pidió al presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, que reforme la Ley de Gobierno, que marca las competencias de cada consejería.

En este sentido, se dirigió a los entes locales para «que no pidan cosas que no tienen capacidad económica para gestionar».