El Consejo de Gobierno aprobó el decreto que regula el acceso de las personas con discapacidad física, psíquica o sensorial al empleo público y a la formación de la Administración autonómica en igualdad de condiciones que el resto de aspirantes. Este documento determina que el número total de plazas que conformen la Oferta de Empleo Público anual para el ingreso en la Administración y la promoción interna tendrá un cupo de reserva como mínimo del 10 por ciento para este colectivo, hasta alcanzar el dos por ciento del total de efectivos.

De esta forma y según anunció el consejero de la Presidencia y portavoz de la Junta, José Antonio de Santiago-Juárez, el próximo año se ofertarán 3.517 plazas públicas autonómicas, por lo que 353 de ellas estarán reservadas para personas con discapacidad. «Castilla y León se sitúa, de esta forma, a la cabeza en materia de ofertas de empleo público para este colectivo», destacó.

El Decreto se enmarca en la «apuesta» de la Junta por la «creación de empleo estable» y dentro de las medidas acordadas hace escasas fechas en la Comisión Interconsejerías para la Igualdad de Oportunidades de las Personas con Discapacidad.

La nueva norma regula el acceso de las personas con discapacidad al empleo público, a la promoción interna, a la provisión de puestos de trabajo y a la formación en la Administración, incorporando además medidas adicionales de acción positiva que contribuyan a la igualdad de oportunidades en el acceso a la función pública.

Como novedades más significativas destacan la especial atención que se presta a las personas con discapacidad intelectual, así como a las que tienen una discapacidad física o sensorial con un grado reconocido igual o superior al 75 por ciento, la prioridad de llamada en las bolsas de empleo temporal, la adaptación de puestos, la formación y los planes de apoyo en el trabajo.

mínimo de reserva. La reserva mínima del 10 por ciento en la Oferta de Empleo Público anual se realizará sobre el cómputo de las vacantes incluidas en la oferta anual de forma que pueden concentrarse en las convocatorias de las plazas que se adapten mejor a las peculiaridades de estas personas. Las vacantes que no se cubran no se ofrecerán al turno libre sino que se acumularán en la oferta siguiente, con un límite máximo del 15 por ciento del total.

Entre las novedades está también la creación de tres tipos de convocatorias para discapacitados -ordinarias, independientes y específicas- y las adaptaciones para la realización de las pruebas y de los puestos de trabajo. Del mismo modo, el decreto recoge la firma de convenios entre la Junta y las entidades vinculadas a personas con discapacidad para promoción de programas experimentales que les permitan la ocupación de puestos de trabajo no permanentes y la creación de la Comisión de seguimiento para la integración laboral de éstos en la Administración.