La presidenta de la Cámara de Contratistas de Castilla y León, Isabel de Blas, insistió ayer en que detener «drásticamente» la inversión del Estado en infraestructuras es un «error histórico» que coloca al sector al «borde del abismo». Por ello, exigió al ejecutivo central que rectifique para impedir el «drama» o la «debacle» que supondrá el recorte de 811 millones y la pérdida de 16.220 empleos y un plan de reestructuración. Además, alertó de que esta medida reducirá, sólo en la Comunidad, la recaudación fiscal en 479 millones de euros.
En ese sentido, De Blas afirmó que Castilla y León no «se puede permitir el lujo de perder» a profesionales formados, al tiempo que señaló que la reprogramación «unilateral» por parte del Ministerio de Fomento de contratos genera «inseguridad económica» para las empresas puesto que pone «en duda», a su juicio, la fiabilidad de los contratos rubricados con el Estado.
«La opinión pública tiene que saber que por cada millón que se invierten en infraestructuras, se obtiene un retorno fiscal para la administración pública de 590.000 euros y que por cada millón que se recorta en inversión, se destruyen 20 puestos de trabajo», aseveró De Blas. «El dinero invertido en obras que ahora se anulan se perderá, en unos casos al haber quedado inconclusa la obra y en otros por fatal de dotación presupuestaria para su mantenimiento», apostilló.
Asimismo, la presidenta aseguró que le produce «estupor» el «juego de intereses» de Castilla y León ya que la Comunidad asumirá el 14 por ciento del recorte total, que ascenderá a 5.700 millones, según anunció el ministro de Fomento, José Blanco. «Ya basta de medias verdades», dijo De Blas, quien reclamó «sensibilidad» al Gobierno, al que criticó su falta de concreción. «No nos agrada la confusión mediática», agregó.
Al respecto, Isabel de Blas reiteró la necesidad de que el Gobierno central abandone el camino de los recortes y precisó que es «acertada» y una medida a «imitar» la decisión del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, de invertir en infraestructuras para reactivar la economía. Aunque sostuvo que comprende el «agobio» y la «presión» internacional a la que está sometido el ejecutivo nacional, recordó que muchas empresas no podrán aguantar la reprogramación de las obras y «desaparecerán». Ante esta situación, pidió que se ponga en marcha con «urgencia» un plan de reestructuración para adaptar el sector al nuevo escenario económico.
La Cámara expuso que en Castilla y León se ejecutan actualmente 68 obras, con un importe de adjudicación de 3.104 millones. De ellas, 30, valoradas en 1.020 millones, no se verán afectadas, mientras de 16 desconocen su futuro, 22, presupuestadas en 1.095 millones, serán reprogramadas y seis, dotadas con 303 millones, rescindidas.