La Audiencia de Vizcaya ha condenado  a 11 años de prisión al exprofesor del colegio Gaztelueta del Opus Dei como autor de abusos sexuales de manera continuada a uno de sus alumnos durante los cursos 2008/2009 y 2009/2010, cuando el menor tenía 12 y 13 años, según informó ayer la abogada de la familia de la víctima, la palentina Leticia de la Hoz Calvo. La sentencia, contra la que cabe recurso ante el Tribunal Supremo, le inhabilita también durante 11 años para ser docente.

La noticia tiene alcance puesto que el propio Papa Francisco ordenó una investigación de los hechos a finales de 2014 después de que los padres del entonces menor le mandaran una carta relatando  lo ocurrido. Diez meses después el Vaticano cerró la investigación al concluir que los hechos denunciados no habían «sido probados» y pidió «el restablecimiento del buen nombre y fama del acusado».

Ahora, la sentencia de 70 folios, hecha pública ayer por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, considera probado que el condenado aprovechó las entrevistas que mantenía con los alumnos para la supervisión de su evolución para abusar de la víctima en el despacho que tenía como jefe de estudios teniendo en cuenta la «autoridad» que tenía sobre el estudiante por su condición de preceptor y del «escaso conocimiento que en materia sexual» del menor, que estaba en  2º de la ESO.

Leticia de la Hoz Calvo, en declaraciones a Diario Palentino, afirmó ayer que la sentencia dictada contra el profesor que abusó de su cliente «ha hecho justicia», aunque «no hay nada que compense, indemnice y repare el dolor que ha sufrido el joven alumno, víctima de los abusos del docente cuando era menor». 

Insistió en que  le «emocionó» al conocer el fallo de la sentencia, de 70 folios, y destacó el hecho de que se haya admitido el argumento del abuso sexual continuado. «Son muchos años de lucha», tras la presentación de la querella en junio de 2015. La abogada palentina reiteró que el joven «lo ha pasado fatal» y apuntó que «las víctimas que pasan por procesos como estos solo ellos saben lo que luchan». «Durante el proceso estuve embarazada y la verdad es que desde el punto de vista personal el caso me ha llegado. Me ha impresionado ver a sus padres cómo sufrían», resaltaba de Leticia de la Hoz Calvo a este periódico.

La abogada,  con raíces paternas y maternas en las localidades de Santillana de Campos y Espinosa de Villagonzalo y que llegó a tener despacho en Guardo, saltó a la palestra informativa justo ahora  hace cuatro años cuando Diario Palentino adelantó que la Audiencia Provincial había ratificado una sentencia dictada por el juzgado de menores, que condenó a tres alumnos de un colegio de la provincia, y al propio centro educativo, por un delito contra la integridad moral de otro menor, que sufrió acoso escolar durante su etapa en la ESO, y después de abrirse inicialmente un expediente de reforma (diligencias penales en caso de menores) precisamente contra la propia víctima y otros dos condenados, a raíz un de un atestado instruido por la Guardia Civil.

El juzgado impuso a cada uno de los tres menores condenados  la medida de quince meses de tareas socioeducativas y que indemnizaran a la víctima conjuntamente con sus respectivos padres y solidariamente con el centro educativo  con una cantidad de 2.000 euros más los intereses por las lesiones causadas.

Leticia de la Hoz Calvo fue la letrada encargada de defender los intereses legales del menor víctima del acoso escolar y es una de las grandes expertas a nivel nacional en esta problemática. No en vano, colabora habitualmente con la Asociación contra el Acoso Escolar y no duda en afirmar que «cada caso es una tragedia».

Dos meses más tarde también se hizo cargo de otro caso muy mediático a nivel nacional. 

Dos menores que fueron expedientadas por un delito contra la integridad moral de otra menor, que se suicidó en Gijón el 11 de abril de 2013, asumieron los hechos planteados por la Fiscalía de Menores y la acusación particular, ejercida por esta abogada palentina Leticia de la Hoz Calvo, y aceptaron, cada una de ellas y con la conformidad de todas las partes, la realización de tareas socioeducativas durante cuatro meses orientadas a mejorar la empatía, mejora del control de impulsos y asunción de las consecuencias de sus actos.