Nuestra provincia cuenta con unos 22.200 menores de 18 años. La acción protectora de la Gerencia de Servicios Sociales se inicia en el momento en el que se recibe notificación de una posible situación de desprotección. Tras la investigación se activan los recursos dirigidos a proteger al menor y a conocer los factores que provocan la posible desprotección para poder eliminarlos.

La Gerencia de Servicios Sociales ha aportado, en 2017, 1.343.565 euros para el mantenimiento de los cinco centros de acogida de menores ubicados en la provincia. Las ayudas a las familias de acogida de la provincia supusieron más de 282.000 euros. Además, la Gerencia financia el programa de acogimientos que cuenta con una subvención global de más de 540.000 euros a Cruz Roja para toda Castilla y León.

Cabe señalar que la Gerencia de Servicios Sociales aporta a las entidades locales, Ayuntamiento y Diputación de Palencia a través del Acuerdo Marco las cantidades de 228.115 euros y 400.000 euros respectivamente para el desarrollo de programas de Atención y Protección a la Infancia.

La Gerencia de Servicios Sociales investigó el pasado año 62 posibles casos, de los cuales, 32 se confirmaron (el 51,61%). El total de menores con medidas de protección fueron 152. En el primer semestre de 2018 han sido 16 los casos confirmados.

Las denuncias que ha recibido la Gerencia Territorial durante el pasado año han provenido de distintas fuentes; el 6,2% de los casos fueron notificados por familiares del niño/a; el 34,3% por parte de profesionales de los CEAS de la ciudad y la provincia; el 3,1% desde Sacyl; el 9,37% desde ámbito judicial (Juzgados y Fiscalía); el 18,7% desde Guardia Civil, y Policías nacional y municipal; el 6,2% por profesionales de la propia Gerencia de Servicios Sociales; el 12,5% por servicios públicos de otras provincias y el 9,37% por parte de asociaciones y ONG.

Debemos señalar que habitualmente se detecta distintos tipos de maltrato. El maltrato físico se produjo en el 15.6% de los casos, el maltrato psíquico en el 6,25%, la atención negligente de las necesidades físicas en el 53,15% y en el 43,7% de las necesidades psíquicas y emocionales, en el 21,8% de los casos la familia ejercía un modelo inadecuado de conducta para el propio menor y en el 15,6% de los casos existía imposibilidad para el cumplimiento de las obligaciones de protección y cuidado (por fallecimiento, por ingreso en prisión, etc.).

Del total de los maltratos detectados, en 27 casos se constató una situación de desamparo en la que fue necesario separarles de sus familias y asumir la tutela legal por parte de la Gerencia de Servicios Sociales, 25 de ellos en el primer semestre del 2018. A fecha 31 de diciembre del pasado año eran 54 los menores que residían en centros de protección. En cuanto al acogimiento familiar a lo largo del año fueron un total de 65 los menores que permanecieron bajo esta medida en alguna de sus modalidades.

La Red Centinela, detectó 2 casos cuya necesidad de asistencia no se confirmó. Cabe recordar que esta Red, formada por profesionales del ámbito de la sanidad, educación y servicios sociales, sirve para detectar menores que pudieran tener carencias en la cobertura de sus necesidades básicas de alimentación. La detección de una situación de este tipo supone la intervención inmediata a través de los servicios competentes.