Su relación con el medio rural y su impacto ambiental y económico convierten a la caza en una de las actividades para poder luchar contra ese problema que arrastra Castilla yLeón como es la despoblación. Los cazadores defienden una afición que genera cada año unos ingresos superiores a los 600 millones de euros, según los cálculos de la Federación regional de Caza, y más de 15.000 empleos en la Comunidad, pero que además ayuda a fijar población en los pueblos y beneficia al control de muchas especies.
El sector cinegético de Castilla y León no atraviesa por sus mejores momentos. La temporada no está siendo todo lo buena que se esperaba: en el caso de la liebre han aparecido casos de mixomatosis, la peste porcina es una amenaza que en cualquier momento puede aparecer en nuestro territorio y las prohibiciones para la caza del lobo. A esto se suman las últimas declaraciones en una entrevista radiofónica de la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, en las que abogaba por prohibir tanto la caza como los toros. Una afirmación frente a la que aficionados de toda España se han levantado, incluso políticos de su propio partido como el presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page.
Y es que detrás de esta afición también hay un impacto medio ambiental y económico que los cazadores defienden. Desde su punto de vista, la caza es una actividad imprescindible para el equilibrio de los ecosistemas y la recuperación de la fauna silvestre más sensible; para el control poblacional y la remisión de daños a las personas, a la ganadería, a la agricultura y a las cosas, así como para mantener los valores silvestres de la bravura y seleccionar a los especímenes mejor dotados de una población cinegética, como recoge un informe elaborado sobre el sector en Castilla y León por el presidente honorífico de la Federación de Caza regional, José Luis Garrido Martín.
Un control poblacional que permite el desarrollo de las explotaciones agrícolas y ganaderas de la Comunidad, al que se suma la menor presencia de animales en las carreteras que puedan provocar accidentes de tráfico y la inyección económica que la caza supone y que permite fijar población en los espacios rurales más deprimidos.
Castilla y León concentra el 19 por ciento del terrenos cinegético nacional, además de contar con cerca de 100.000 cazadores en activo con licencia expedida para poder practicar esta actividad en la región. «La caza en el territorio de Castilla y León es un motor para la economía y el empleo, contribuye al sector turístico al recibir cazadores del resto del territorio nacional y del extranjero, y ejerce un efecto enormemente positivo en el arraigo social», señalan desde la Consejería de Fomento y Medio Ambiente.