De ese modo, anula la disposición adicional 40 de la Ley de presupuestos y declara que las partidas presupuestarias impugnadas son inconstitucionales si se destinan a financiar el referéndum sobre el futuro político de Cataluña al que se refiere esa disposición. Se trata de 3 partidas de 5 millones de euros, 800.000 euros y 407.450 euros, destinadas a "procesos electorales y consultas populares"