Más de 4.500 documentos están pendientes de tramitar en los juzgados de lo civil con motivo de la implantación de la Oficina Judicial, tal y como dieron hoy a conocer los colectivos de abogados y procuradores que quisieron mostrar su malestar por el funcionamiento de la justicia desde la puesta en marcha de este sistema.

El juzgado número 2 es el que más documentos tiene parados con 1.762, también es cierto que es el que lleva las cláusulas suelo, pero en el resto tienen entre los 260 y los 750 «parados por el SCOP (Servicio Común de Ordenación del Procedimiento)». 

«Algunos de estos juzgados estaban al día el 30 de junio y hoy ninguno, con un retraso importantísimo», aseguró el decano del Colegio de Abogados, Santiago González Recio. A estas cifras hay que sumar las de los juzagos de lo social «que están con demandas de noviembre y diciembre cuando antes estaban al día».

«En la Audiencia se han tramitado de 31 de julio a 31 de diciembre la mitad de recursos de apelación que del 1 de enero al 30 de junio»; consecuencia de la nueva tramitación de la oficina judicial. «Se debe a que no llegan los recursos porque están parados en el SCOP», detalló González Recio.

«En asuntos penales sucede exactamente lo mismo, están al 50 por ciento de la tramitación que había en el primer semestre, pero no porque se funcione mal. Se debe al tapón de los juzgados que están parados y luego no llegan a la Audicencia», apostilló el decano del Colegio de Abogados. 

Hizo hincapié en que «esta situación es muy preocupante para todo el mundo», tanto para los justiciables, como los funcionarios de Justicia, así como para los propios los abogados y procuradores porque «ese tapón que se ha producido hace que no salgan asuntos y sin salir, no se pueden minutar». El problema no está solo en el servicio de ordenación, el de ejecución tiene pendientes 7.000 asuntos. 

A esta problemática del funcionamiento de la justicia se suma, tal y como explicó González Recio, que la nueva oficina judicial ha supuesto un mayor gasto porque ha requerido la contratación de más trabajadores, y «malestar generalizado entre el funcionariado por las atribuciones».

Lo que proponen los colectivos de abogados y procuradores es que haya un reparto de funciones entre los empleados públicos más adecuado «y que sean los expertos los que tramiten el SCOP» porque, según detalló el decano «ahora no se están aprovechando» las capacidades de algunos de los trabajadores de justicia.

González Recio no pasó por alto la visita de la subdirectora de Obras y Patrimonio del Ministerio de Justicia, Carmen Serrano, en la que se acordó, tal y como se ha comunicado a estos dos colectivos que no participaron en el encuentro, «reformar lo reformado» y que permitirá «dar más amplitud donde está el SCOP y que entre más personal».

El decano confirmó lo adelantado por este rotativo en su edición del miércoles sobre el traslado de personal al antiguo Banco de España y la colocación de mamparas para dar más intimidad a las personas que acudan a los juzgados.

reforma. Para González Recio la reforma del palacio «se ha hecho sin tener en cuenta la oficina», lo que ha implicado una división de servicios «sin sentido», por lo que «unificar el SCOP en el palacio permitirá un mejor funcionamiento», al igual que llevar al Banco de España el servicio de ejecución también para unificarlo.

Por último, los representantes del colegio de abogados y de procuradores aseguraron que «la implantación de la oficina de judicial en Palencia no era necesaria y, de hacerlo, solo para las ejecuciones, al igual que en León y Cuenca», explicó Luis Gonzalo Álvarez, decano de los procuradores.