La Audiencia Provincial ha desestimado el recurso de apelación interpuesto por el alcalde de Velilla del Río Carrión, Gonzalo Pérez Ibáñez, contra el auto dictado por el juzgado de instrucción número 1 de Cervera de Pisuerga que decidió imputarle al encontrar indicios de un delito de prevaricación administrativa en su proceder en varias contrataciones realizadas en el Consistorio.
Según consta en el auto, el regidor velillense supuestamente desoyó los informes del secretario-interventor municipal, formalizando diversos contratos labores que incumplían los requisitos exigidos por la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, tales como la publicidad adecuada o la existencia de un tribunal o comisión de selección.
Frente a ello, en el escrito del recurso, se admite incluso que se formularon reparos por el técnico municipal, lo que no impidió que se formalizaran estos contratos que posteriormente fueron declarados nulos por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.
La Audiencia considera improcedente el recurso de Pérez Ibáñez al hacer constar que existen indicios de criminalidad en su forma de actuar y así lo hace constar la jueza que lo dictó en primera instancia señalando como fundamental el hecho de que, pese a las advertencias del secretario en razón a la ilegalidad de los contratos laborales a suscribir, finalmente, al parecer, el alcalde decidió formalizarlos.
Desde el PSOE lamentaron «el empecinamiento» del alcalde por desoír las advertencias judiciales esté provocando un alto coste económico a todos los ciudadanos de Velilla. «Hay que recordar que en el propio presupuesto municipal del pasado año ya figuraba una partida económica destinada a costas procesales por un importe de 35.000 euros», apuntaron. Mostraron también su extrañeza por el hecho de que la Junta de Castilla y León no se haya personado finalmente en el proceso, a pesar de que desde la Consejería de Presidencia se plantearon hasta un total de 20 demandas sobre estas contrataciones municipales a las que se hizo supuesto caso omiso por parte del regidor.
Los hechos investigados parten de la Dirección General de Ordenación Territorial que, a instancias de la Delegación Territorial de la Junta, decidió impugnar ante el juzgado de lo contencioso administrativo de Palencia una veintena de contratos laborales, todos ellos a tiempo parcial, firmados por el Ayuntamiento durante el año 2016 al entender que no se ajustaban a derecho.
Pérez Ibáñez inició sus comparecencias en sede judicial en junio de 2017, concretamente por cinco contratos laborales suscritos en la Casa de la Juventud, la Casa de la Trucha y el servicio de limpieza para el consultorio médico.
Pérez Ibáñez argumentó a Diario Palentino que forman «un Ayuntamiento de 1.350 habitantes donde el equipo de Gobierno trata de buscar lo mejor para sus ciudadanos». «El equipo de Gobierno, que destina unos 260.000 euros cada año para contrataciones temporales, lo hace con fondos municipales y damos trabajo al pueblo, es decir, para gente que lo necesita».
Pérez Ibáñez exige en su caso como en el resto de los procedimientos el derecho a la presunción de inocencia: « Ya veremos cómo acaba todo», apunta el regidor y diputado provincial que, por otro lado, mantiene que no tiene intención de dimitir, ya que tiene «la conciencia muy tranquila» por su actuación al frente del equipo de Gobierno. Insiste en que llevaban nueve años contratando con los mismos criterios, «al igual que el resto de Ayuntamientos de la provincia, y ahora nos vienen con estas y advierte: «Alguien de la Junta de Castilla y León deberá explicar el porqué de las impugnaciones después de 10 años utilizando los mismos criterios. En el fondo está el Refugio del Espigüete».