La Audiencia Provincial ha condenado a una mujer de nacionalidad rusa, I. N., administradora única de la empresa Nicotrans Dueñas SL, a una pena de dos años y medio de prisión y poco más de 1.000 euros de multa, como autora responsable de un delito continuado de falsedad en documento oficial en concurso con un delito continuado de estafa, después de que utilizase los datos de un exempleado, T. P. K., a quien le hacía recaer las multas de tráfico que llegaban a la empresa de la que era administradora única.

Asimismo, la Audiencia ha absuelto al esposo de la condenada, V.G.N., de los cargos que había sido  acusado, según la sentencia a la que ha tenido acceso Diario Palentino.  La resolución mantiene como hechos probados que después de concluir la relación laboral, I.N. decidió, buscando beneficio para la sociedad que administraba, utilizar los datos de su exempleado T.P. K. cada vez que algún vehículo de la empresa Nicotrans excedía el límite de velocidad, y la administración sancionadora le requería para que identificase al conductor, y lo hacía a pesar de que el perjudicado no había tenido intervención alguna en los hechos y ella era perfecta conocedora de tal circunstancia. La finalidad concreta de utilizar los datos era que así eludía el pago de la sanción económica que pudiera imponerse a Nicotrans, sanción que en consecuencia recaía sobre T.P.K. a través del correspondiente procedimiento de recaudación ejecutiva. La resolución judicial expone varios casos procedentes de La Rioja y Guipúzcoa, especialmente, teniendo a T.P.K. como víctima a la que le endosaron la sanciones de tráfico.

Hay que recordar que este matrimonio y su hijo N.V.N. ya asumieron en la Audiencia Provincial 21 meses de prisión y una multa de 2.700 euros, además de las correspondientes indemnizaciones, como autores responsables de un delito continuado de falsedad en documento público en concurso con un delito continuado de estafa después de que, como administradores de tres empresas de transporte por carretera, obrara en su poder la documentación personal de siete ciudadanos de origen búlgaro a los que habían cedido un camión para su explotación, y les identificaran a algunos de ellos como responsables de infracciones de tráfico no habían cometido.

Asimismo, este matrimonio ingresó en la prisión de La Moraleja de Dueñas tras pasar a disposición de la titular del juzgado de instrucción número 3, prisión que era eludible si depositaban una fianza de 11.000 euros bajo la imputación de los delitos de estafa, fraude fiscal, falsedad documental y contra los derechos de los trabajadores en una operación de ámbito nacional.