Comienza la cuenta atrás para saber las consecuencias penales del desafío secesionista en Cataluña y puede que también para conocer la fecha de las elecciones en la Comunidad. El próximo martes el Supremo (TS) deberá decidir si juzga o no por rebelión a Oriol Junqueras y a otros 17 acusados en el procés, pero sobre todo será el último paso antes de enfilar el juicio más importante de 2019.

Eso siempre y cuando no estime la pretensión de los acusados, que sostienen que debe ser el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) y no el TS quien les siente en el banquillo.

Un argumento ampliamente planteado por las defensas, y no solo ante el Supremo, también ante el Tribunal Constitucional, que precisamente esta semana comienza a estudiar los recursos que cuatro de los procesados (Carme Forcadell, Anna Gabriel, Anna Simó y Mireia Boya) presentaron en este sentido, según informaron ayer fuentes jurídicas.

Pero paralelamente, el próximo 18 de diciembre representa para muchos el inicio de facto del juicio del procés. Aunque con una diferencia clave: en el banquillo no estarán los acusados, que a día de hoy no han solicitado asistir y no se prevé que acudan.

Por lo demás, y aunque técnicamente no forma parte del mismo, la vista de previo pronunciamiento (el equivalente a las cuestiones previas) supone el pistoletazo de salida de un juicio en el que se dirimirá si lo que pasó el 20 y 21 de septiembre y el 1-O del año pasado fue o no rebelión.

Será una prueba de fuego para las partes dado que es la primera toma de contacto entre las 18 defensas, las tres acusaciones (Fiscalía, Abogacía del Estado y Vox) y el tribunal, formado por siete jueces y que, tras todo el revuelo por el pacto frustrado del CGPJ, será presidido finalmente, y como estaba previsto, por Manuel Marchena.

La cita será en el Salón de Plenos, el mismo sitio donde se celebrará el juicio a la vuelta de las vacaciones de Navidad, previsiblemente en la segunda quincena de enero, una fecha aún pendiente de determinar, siempre que este se declare competente.

Pero más allá del propio juicio, que se alargará varios meses, el caso trae cola. Todavía queda por saber qué tiene que decir el Constitucional a las decenas de recursos presentados por los acusados.