Con respecto de la contratación de este colectivo por parte de las empresas, cuyo mínimo se fija en un dos por ciento en aquellas con más de 50 trabajadores, denunció que muchas de ellas no cumplen este objetivo, al igual que las administraciones públicas, cuyo mínimo se sitúa en el cinco por ciento. «En el caso de Castilla y León, la Junta se comprometió a alcanzar el 10 por ciento de las personas con discapacidad en su plantilla, un objetivo que a día de hoy no se cumple», expuso Grijalvo, quien recordó que el organismo que preside tiene una bolsa de empleo de 16.000 personas en la Comunidad